LA DOCTRINA 197/2006, A EXAMEN EN EUROPA
Madrid amaga con rebelarse ante Europa tras no aportar nada nuevo en la Gran Sala
El Tribunal de Estrasburgo comienza su deliberación sobre la doctrina 197/2006 tras escuchar a las dos partes y sin dar pistas de cuándo dictará sentencia. El ministro Fernández Díaz afirma que recurrirán a «ingeniería jurídica» si pierden y luego se corrige. Movilizaciones en Euskal Herria
Martxelo DÍAZ | ESTRASBURGO
La Gran Sala ya delibera para una sentencia muy esperada en Euskal Herria, con todos los argumentos sobre la mesa y sin plazo fijado para dictar sentencia. El equipo jurídico encargado de la defensa de la presa tafallesa Inés del Río mostraba su satisfacción a la conclusión ayer de la vista en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso presentado por el Estado español contra la sentencia que dejaba sin efecto la doctrina 197/2006 y que fue hecha pública en julio.
Tal y como destacó Mark Muller en una reciente comparecencia en Donostia, correspondía al Estado español presentar nuevos argumentos para tratar de convencer a los 17 jueces de la Gran Sala de que sus compañeros se habían equivocado en julio. Amaia Izko, integrante del equipo jurídico, destacaba tras la vista que no ha sido así. Madrid no aportó nada nuevo capaz de modificar los parámetros del caso, sino que se limitó a repetir lo que ya argumentó en la primera instancia europea.
En la sala, fueron Mark Muller, Sudhashu Swaroop y Michael Ivers los encargados de defender a la presa tafallesa. Los tres intervinieron en inglés, una de las lenguas oficiales del Tribunal Europeo. Por contra, la representación española, en la que actuaron Isaac Salama y Francisco de Asís Sanz, optó por realizar su disertación en castellano, lo que obligó a los 17 jueces a recurrir a la traducción.
Muller subrayó que lo que se estaba dilucidando en Estrasburgo era algo muy claro y que no debía estar influenciado por la política española. Lo que los jueces deben decidir es si se han respetado los derechos de Inés del Río al modificar los criterios de redención de penas a través de la doctrina 197/2006. «Se trata de defender la aplicación de la ley, que es la base del sistema judicial europeo», remarcó el abogado británico.
«No estamos juzgando la afiliación política de mi representada. Tampoco es un caso sobre terrorismo o sobre la capacidad del Estado de hacer frente a `nuevas realidades sociales'. Se refiere a la universalidad del imperio de la ley y a las circunstancias en las que el Estado puede privar de libertad a una persona», resumió.
En este sentido, el abogado de Del Río volvió a recordar que la modificación del tiempo que la presa tafallesa debe pasar en prisión se realizó de manera retroactiva; es decir, que después de notificársele cuánto tiempo tenía que permanecer presa y cuándo saldría, se modificó el criterio para ampliar el castigo.
Muller insistió en que esto es lo que los jueces deben analizar y destacó que la doctrina no cumple los criterios mínimos exigidos por los estándares europeos. Recordó que esta cuestión fue, precisamente, sobre la que se decidió en julio. Aquella sentencia fue unánime.
Cita a Jefferson
El abogado británico citó al tercer presidente estadounidense (1801-1809), Thomas Jefferson. «Es más peligroso incluso que una persona culpable sea condenada al margen de lo que establece la ley a que pueda escapar». En este sentido, recordó que los artículos 5 y 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos prohíben que cualquier persona sea castigada al margen de lo que establece la ley y añadió que si hay algún tribunal que debe tener en cuenta especialmente esta máxima es el de Estrasburgo.
Swaroop, por su parte, insistió en que la doctrina aplicada por parte del Estado español para gestionar las redenciones afecta a la pena a la que fue condenada Del Río y no solo a su aplicación.
Ivers se encargó de recordar otros casos en Europa en los que se han alargado condenas unilateralmente y de manera retroactiva, como el del chipriota Kafkaris, el del italiano Grava u otros en Gran Bretaña o Alemania. Asimismo, subrayó que unos de los objetivos del artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos es evitar que la redención de penas se emplee de manera arbitraria.
«Cualquier sistema de justicia que juegue al gato y al ratón con el preso ofende a la legalidad. Y el artículo 5 se refiere claramente a la legalidad», añadió.
El tono de la intervención del abogado representante del Estado español, Isaac Salama, fue diametralmente opuesto al mantenido por el equipo jurídico liderado por Muller. Comenzó su alegato, realizado en castellano, preguntando sobre si es adecuado que «un asesinato tenga el mismo castigo que 200», subrayando que este era el número de muertes atribuidas a Unai Parot -la mayoría de ellas en grado de tentativa- cuando se puso en marcha la doctrina 197/2006. «Esto es algo que compartimos todos los estados», subrayó antes de equiparar la situación de Parot con la de Del Río, señalando que la tafallesa fue condenada en relación a 132 casos de asesinatos, la mayoría en grado de tentativa (más de 3.000 años de prisión).
Los abogados españoles acudieron a Estrasburgo vistiendo toga, mientras que el equipo defensor de Del Río compareció con traje y corbata.
Salama defendió que, en función de la doctrina, el cumplimiento de la pena debe realizarse partiendo de la mayor condena por los delitos cometidos y que la redención tiene que contabilizarse sobre el conjunto de los años de prisión dictados por los jueces y no sobre el máximo de cumplimiento, fijado entonces en 30 años.
Niegan la retroactividad
Junto a ello, el abogado del Estado español negó que la modificación del sistema de redención de penas se hubiera producido de manera retroactiva en el caso de Del Río, ya que, según sostuvo ante el tribunal, se le notificó en varias ocasiones que su puesta en libertad sería en 2017, tras cumplir en su integridad el máximo de 30 años. «Y la afectada no presentó recurso alguno», apostilló.
Según su tesis, no se puede concluir que la aplicación de la doctrina 197/2006 y la reforma del sistema de redención de penas hubiera frustrado las expectativas de Del Río de salir de prisión en una fecha determinada, a pesar de que el nuevo sistema de contabilización comenzó en plena condena, ya que dijo que nunca se le comunicó oficialmente que abandonaría la cárcel antes de esos 30 años.
Junto a ello, la representación legal del Estado español destacó ante el Tribunal de Estrasburgo que el sistema de redención de penas tiene como objetivo la reinserción de los presos y subrayó que Del Río «no ha condenado el terrorismo ni ha perdido perdón a sus víctimas».
Salama insistió en que existe una diferencia entre la condena y la forma de aplicación de la misma, destacando que esta última es de jurisdicción exclusiva de los estados, por lo que el Tribunal de Estrasburgo no tiene competencia ni razones para inmiscuirse en la política penitenciaria.
En este sentido, rechazó que Estrasburgo se convierta en una cámara de casación que analice recursos sobre decisiones de los tribunales españoles y recordó que la doctrina 197/2006 tiene el aval de los tribunales Constitucional y Supremo españoles.
«España no entiende los motivos por los que el Tribunal de Estrasburgo ha cambiado de criterio. Debe respetarse el margen de apreciación de cada estado sobre cómo deben aplicarse las penas», proclamó Salama.
Rechazo al rol de Estrasburgo
«El Tribunal de Estrasburgo no puede ser juez de cómo los estados aplican los beneficios penitenciarios y los permisos carcelarios», añadió, obviando que desde Europa cada son más las voces que reclaman una armonización de estas políticas y que ya hay una tendencia sólida al respecto en estos años.
Uno de los 17 jueces e dirigió a la representación española para preguntar por la situación en la que se encuentra actualmente Del Río y por los efectos que tendría la derogación de la doctrina 197/2006. El encargado de responder fue Francisco de Asís Sanz, que contestó que «saldrían a la calle numerosos terroristas y violadores que todavía están sin rehabilitar». Es decir, se ciñó a las apocalípticas directrices marcadas en las últimas semanas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Enumeró estos presos, señalando que se trata de «54 terroristas de ETA y siete del Grapo» y dudando sobre si calificar o no de «terrorista» al único miembro del GAL afectado por la doctrina 197/2006 (Ismael Miquel). Además, incluyó a catorce presos comunes, «uno de ellos condenado por 74 violaciones».
En otro desliz, Sanz citó la defensa del ministro Fernández Díaz de la doctrina 197/2006, dejando en evidencia así ante la Gran Sala de Estrasburgo que la separación de poderes en el Estado español no deja de ser una quimera.
Poco después de las 11.00 de la mañana, cuando apenas habían transcurrido dos horas de vista, quedaba visto para sentencia el recurso presentado por el Estado español contra la sentencia que deroga la doctrina 197/2006. El presidente de la Gran Sala, el luxemburgués Dean Spielmann, anunciaba que ahora comienza el proceso de deliberación entre los 17 magistrados.
A pesar de que informaciones de algunos medios indicaron erróneamente que la sentencia de Estrasburgo se daría a conocer casi de inmediato, siguiendo la estela errática de las declaraciones de Jorge Fernández Díaz, lo cierto es que no se conocerá el veredicto hasta que pasen al menos varios meses.
Los más optimistas hablan de que la sentencia podría estar preparada antes del verano. Otros, sin embargo, consideran que, a pesar de que el caso de Inés del Río es extremadamente sencillo desde el punto de vista técnico, no pasarán menos de seis meses.
Sí hay un aspecto que puede provocar cierto alivio en quienes esperan esta sentencia con ansiedad por razones obvias. La práctica habitual del Tribunal es que cuando la sentencia está lista se da a conocer qué día será publicada. Al contrario de lo que ocurre en el Estado español en casos políticamente señalados, no suele filtrarse el sentido del fallo, pero al menos sí se sabe en qué fecha se va a dar a conocer. M.D.
«Del Río Prada contra España» es el nombre técnico de este proceso judicial, según la información oficial del Tribunal Europeo. Luego se detalla que lo que se trata de dilucidar en la fecha en que la presa de Tafalla tiene que ser puesta en libertad.
Los tribunales británicos habían dado un primer aval a la entrega de Antton Troitiño, a quien se pretende imponer esta doctrina «a posteriori». Sin embargo, ayer admitieron que quizás lleven el tema al Supremo, a la espera de saber qué dictamina Estrasburgo.
La vista atrajo a numerosos periodistas vascos y españoles, mientras que la ausencia de franceses era total. Muestra de su relevancia fue también que las dos partes enfrentadas se fotografiaron ante la sede judicial tras la sesión.
No solo los abogados de una y otra parte debatieron en Estrasburgo. En la calle también cruzaron opiniones los detractores y partidarios de la política carcelaria española. Así, el diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo subrayó la importancia de la vista que tuvo lugar en la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, destacando que en la capital alsaciana se estaba decidiendo sobre la conculcación de derechos de los presos vascos. «Aunque estén encarcelados siguen teniendo derechos, por lo que estas conculcaciones tienen que terminar», declaró a los medios congregados a las puertas del Tribunal antes de que comenzara la vista.
Errekondo formaba parte de una delegación de EH Bildu, en la que también estaban presentes los diputados Jon Iñarritu y Rafa Larreina y los parlamentarios Oskar Matute (Gasteiz) y Maiorga Ramírez (Iruñea). Tras la sesión, Matute abogó por terminar con la medida de excepción que supone la doctrina 197/2006 para los presos vascos, que enmarcó en «la estrategia bélica del Gobierno español, que emplea la política y la justicia para lograr sus fines».
En representación de Herrira, acudió a la capital alsaciana Emilie Martin, que también subrayó la importancia de la sesión para acabar con las medidas de excepción que sufren los presos vascos. Añadió en paralelo que esta conculcación de derechos está suponiendo una traba para el proceso de superación del conflicto que se ha abierto en Euskal Herria. La abogada Amaia Izko, por su parte, destacó que lo que ayer se enjuiciaba en Estrasburgo no solo atañe a la situación personal de Inés del Río, sino que se pone a examen la política de presión y de tratar de condicionar la posición de los presos vascos que lleva a cabo el Gobierno español.
Pero a Estrasburgo también acudió una delegación de las asociaciones más radicales de víctimas de ETA, encabezadas por Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT; Daniel Portero, de Dignidad y Justicia; y María del Mar Blanco, de Fundación Víctimas del Terrorismo.
Antes de la vista, entregaron en el registro del Tribunal de Estrasburgo 10.000 firmas que afirman haber recogido en las últimas semanas en distintos puntos del Estado español. Tras la sesión, Pedraza afirmaba mostrarse incluso «más esperanzada que cuando he llegado» y lanzaba alabanzas a la labor desarrollado por los abogados que representaban al Estado español. «Han estado muy bien, no como los abogados de Del Río, que no han expuesto ningún argumento. La verdad es que no sé cómo les pueden pagar tanto dinero por la labor tan mala que han hecho», declaró Pedraza antes los medios de comunicación. En la misma línea de tratar de sembrar dudas sobre la defensa, Portero comentaba en los pasillos a quien quisiera oírle que «no entiendo por qué no han traído a Iñigo Iruin».
Precisamente ayer el Tribunal Constitucional español rechazó el recurso de otro preso vasco. Es Juan Mari Gabirondo, de Itziar, en prisión desde 1986. Argumenta el TC que no ha agotado la vía judicial porque no ha pasado por el Supremo.
