La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dejó ayer visto para sentencia el caso de Inés del Río, tras una vista de apenas dos horas en la que la representación legal del Estado español intentó convencer a los 17 magistrados de que revoquen el fallo adoptado de forma unánime por la Sala Tercera en favor de la presa tafallesa. Sabedores de que les correspondía a ellos poner en cuestión la resolución adoptada hace ocho meses, los letrados Isaac Salama y Francisco Sanz insistieron en el argumento de que la doctrina 197/2006 no constituye un cambio legislativo sino una modificación en la ejecución de la pena, cuya competencia correspondería al Estado, y apelaron a las, a su entender, nocivas consecuencias que tendría la derogación de esa norma, así como a la alarma social que causaría en la sociedad española. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el argumentario no difiere mucho de lo expuesto en primera instancia. Por su parte, los abogados de Inés del Río recordaron que a su cliente le fue alargada la condena de forma arbitraria y con efectos retroactivos, vulnerando los artículos 5 y 7 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

Probablemente, el Tribunal de Estrasburgo tardará meses en dar a conocer su veredicto, y es de esperar que mientras tanto Madrid mantenga el nivel de presión que ha ejercido sobre el tribunal al objeto de que prospere su recurso. De forma abierta y sin pudor, en los últimos meses instancias españolas han tratado de interferir políticamente en el recorrido judicial de este caso, como demuestra la reunión que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mantuvo hace escasas fechas con sus homólogos europeos para convencerles de que la tristemente famosa doctrina no debía ser derogada. Una curiosa interpretación de la separación de poderes por parte de quien ayer volvió a dar una vuelta de tuerca a su impresentable actitud en este asunto.

De las presiones a las amenazas

Ante la posibilidad de que la Gran Sala confirme el fallo de la Sala Tercera, algunos de cuyos integrantes también deben decidir ahora, Fernández Díaz decidió pasar de la presión a la amenaza, al asegurar que decida lo que decida Europa, Madrid podría eludir la aplicación del fallo haciendo «ingeniería jurídica». No le fue a la zaga su compañero de Gabinete y titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien avisó de que en caso de que Estrasburgo mantenga su criterio favorable a Del Río, el resto de los presos y presas que se hallan en igual situación que ella también deberán recurrir al TEDH. Por tanto, los ministros españoles directamente implicados en esta materia amenazan con incumplir una sentencia revocatoria de la doctrina del Tribunal Supremo.

Las declaraciones de Fernández Díaz y Ruiz-Gallardón no solo dejan en evidencia su calidad democrática, sino que ponen en una situación comprometida tanto a las instituciones europeas, que difícilmente aceptarán entrar en una dinámica de analizar recurso a recurso, como a los propios jueces españoles, que deberían secundar la actitud insumisa del Ejecutivo. Jurídicamente, esta postura es insostenible y, de hecho, ayer mismo las asociaciones judiciales del Estado español salieron al paso afirmando que los tribunales acatarán lo que decida Estrasburgo y que el fallo sentará jurisprudencia.

Más allá del ámbito judicial, los mandatarios españoles llevan tiempo demostrando ser únicos en el arte de cerrarse puertas. En las mismas circunstancias, y en el contexto en el que nos movemos, cualquier otro Ejecutivo del planeta hubiera agradecido que instancias externas le resolvieran un problema que más pronto que tarde tendrá que afrontar. Sin embargo, el PP prefiere profundizar en una estrategia que solo contenta a los sectores más extremos de su masa social y que le resta capacidad de maniobra. Desde que accedió a la Moncloa, lo único que ha hecho Mariano Rajoy respecto a Euskal Herria ha sido achicar espacios, no sólo a quienes intentan tirar del proceso, sino también a sí mismo.

La situación no admite espera

El líder del PP llegó al Gobierno en una situación inmejorable para poner fin de forma definitiva y ordenada a un episodio histórico que ha causado dolor y sufrimiento en la sociedad vasca y en la española, y de encauzar el conflicto en términos estrictamente democráticos. El contexto, marcado por el fin de la actividad armada de ETA, puso en sus manos multitud de bazas para avanzar en el proceso sin mayor coste que el de aguantar los dardos de una minoría irreductible que nunca aceptará pasar a otro estadio que el del enfrentamiento descarnado, y que no dejará de echarle aliento en el cogote haga lo que haga. Sin embargo, ha dejado que sea ese sector el que defina su política, hasta el punto de desafiar al mismo tiempo a la mayoría social vasca y a las autoridades europeas. Para ello, todo hay que decirlo, se ha valido de la actitud complaciente de los sectores más tibios de la comunidad internacional y de este país. En este sentido, está quedando de manifiesto para qué sirve la estrategia de discreción que proclama el PNV.

Madrid se aferra a la llave de las cárceles para retar a quienes tienen la llave de la solución, Europa y Euskal Herria, que deberían tomar constancia de ello y aumentar su implicación antes de aguardar a Estrasburgo. La situación de los presos no admite espera cuando las posiciones están claras y cada semana se pone en marcha una ruleta rusa de impredecibles consecuencias.