Se celebrará mañana en el Parlamento de Gasteiz el pleno monográfico solicitado por EH Bildu sobre los pasos necesarios para la resolución del conflicto político vasco. La intención del grupo proponente es la de «hacer entre todos un esfuerzo político de cara a definir, por medio del diálogo integrador, una hoja de ruta integral sobre la raíz del conflicto y las consecuencias del mismo, de modo que sirva como base para otras iniciativas».

En sintonía con los proponentes, la intención de la mayoría de los grupos es la de afrontar la sesión con carácter constructivo, aunque los antecedentes y la evidencia de que la bronca vende informativamente más que los acuerdos hacen temer que haya quien pretenda buscar en los medios el protagonismo que no le han dado los votos de la ciudadanía. De hecho, la portavoz parlamentaria del PP, Arantxa Quiroga, presentó ayer la posición de su partido como un examen de pureza al resto de grupos parlamentarios.

Tras el debate matinal, los grupos parlamentarios deben presentar las propuestas de resolución que serán votadas a lo largo de la tarde. Aunque pueda parecer que no hay muchos elementos de coincidencia entre amplias mayorías de la Cámara, lo cierto es que tanto dentro como fuera del Parlamento hay ya mucho escrito y acordado en los últimos años en relación a la consecución de la paz y la normalización política.

Portavoces de PNV, PSE y PP reconocieron ayer que están buscando la fórmula para que la resolución de la Ponencia de Paz y Convivencia de la legislatura pasada se convierta en el suelo de futuros compromisos sobre esta materia. La cuestión estará en saber si se pretende hacer con voluntad de integrar en ese acuerdo a EH Bildu o con intención de señalar a la coalición independentista.

Aunque haya pasado desapercibido por el alboroto que se montó en torno al debate del pasado jueves, tras los dimes y diretes, tras los gritos y las acusaciones, tuvo lugar una votación. Y el primer punto de la enmienda transaccional fue aprobado con el voto favorable de PNV, EH Bildu, PSE y PP, y la abstención del único parlamentario de UPyD.

El texto en el que están de acuerdo 74 de los 75 parlamentarios y parlamentarias decía: «el Parlamento Vasco, en coherencia con los acuerdos alcanzados en esta Cámara en las ponencias de Víctimas y de Paz y Convivencia, se reafirma en la idea de que `la paz y la convivencia futura requieren el reconocimiento de la injusticia de la violencia, el reconocimiento del daño causado, y la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación'».

Por lo que se ve, ahí puede encontrarse un punto de arranque constructivo.

Dado el contenido del pleno monográfico, uno de los elementos de controversia será la existencia misma del conflicto. Para una amplia mayoría de la Cámara esa cuestión quedó definida, por ejemplo, en el Acuerdo de Lizarra-Garazi, en el que se recoge textualmente que «el contencioso vasco es un conflicto histórico de naturaleza política en el que se ven implicados el Estado español y el Estado francés. Su resolución debe ser necesariamente política».

A esto se añadía que «siendo distintas las concepciones que existen sobre la raíz y permanencia del conflicto, expresadas en la territorialidad, el sujeto de decisión y la soberanía política, éstos se constituyen en el núcleo de cuestiones fundamentales a resolver».

Años más tarde, en las conversaciones de Loiola, PNV, la izquierda abertzale y PSE defendieron que las decisiones sobre estas materias que adopten los agentes vascos «deberán ser respetadas por las instituciones del Estado». Esas tres «sensibilidades políticas» sostenían también que «el acuerdo resultante garantizará que todos los proyectos políticos pueden ser no sólo defendidos en condiciones de igualdad de oportunidades y ausencia de toda forma de coacción o injerencia, sino que además puedan ser materializados si ése es el deseo mayoritario de la ciudadanía vasca expresado a través de los procedimientos legales».

Por lo tanto, en esta materia tampoco debería haber problemas para que se pudiera dar un acuerdo entre PNV, EH Bildu y el PSE o, al menos, entre los dos primeros grupos, que suman 48 de los 75 escaños.

Otro de los elementos de debate será el de las consecuencias del conflicto, tanto en relación a las víctimas como a los presos. Sobre ambas cuestiones hay mucho elaborado y acordado en el propio Parlamento autonómico.

En torno a las víctimas, además del punto primero aprobado el pasado jueves, PNV, PSE y EH Bildu también votaron a favor de instar al Gobierno de Lakua «a continuar con las políticas y el desarrollo normativo necesario para el reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos».

En cuanto a la cuestión de los presos, la Cámara se ha posicionado en numerosas ocasiones en favor del acercamiento, la desactivación de las políticas de excepción y de la puesta en libertad de los gravemente enfermos y, desde el jueves pasado, también de los afectados por la doctrina 167/2006. No solo eso, a finales de los 90 se hicieron incluso planes detallados sobre la materia.

Pero hay más. Según desveló el exlehendakari José Antonio Ardanza en su libro de memorias, en las negociaciones del Pacto de Ajuria Enea, suscrito el 12 de enero de 1988, todos los partidos firmantes aceptaron la excarcelación de los presos de ETA cuando se produjera el fin de la lucha armada. Aquellos que no tuvieran delitos de sangre serían indultados, mientras que los que hubieran participado en atentados con muerte serían enviados al exilio por unos años. Este acuerdo, según relata Ardanza, no se hizo público a petición del representante de AP, Julen Guimón.

Es difícil hablar del Pacto de Ajuria Enea sin recordar su punto 10, en el que sus firmantes, entre ellos el PP, dejaron por escrito que «si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular».

Habrá que ver qué da de sí el pleno de mañana; los discursos y, sobre todo, las negociaciones entre los grupos. La presión mediática atenaza y autocensura todavía a algunos partidos, pero no se puede negar que bases para acuerdos, las hay incluso escritas.