La demanda interpuesta por la patronal guipuzcoana, que califica la actuación de la Diputación como una «extralimitación manifiesta de sus competencias», tiene su origen en la propuesta efectuada por el Departamento foral de Bienestar Social para superar la situación de bloqueo en la que se encontraban las negociaciones del convenio de residencias y centros de día de la tercera edad, y que motivó la convocatoria de tres jornadas de huelga.

Así, la Diputación se comprometió a destinar un presupuesto bianual de 8,2 millones de euros para financiar mejoras en las condiciones laborales de los 4.800 trabajadores de las residencias y centros de día, lo que abría las puertas al desbloqueo de la situación. No obstante, desde un primer momento Adegi se posicionó en contra de dicha propuesta y el secretario general de Adegi, José Miguel Ayerza, remitió un escrito en el que, en duros términos, exigía la retirada «inmediata» de la propuesta de solución y se reservaba el «ejercicio de las acciones legales que correspondan».

Ahora, la patronal alega que «ha transcurrido el plazo legalmente previsto» y que la Diputación «no ha atendido» este requerimiento, por lo que ha decidido interponer una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Donostia, al que solicita que ordene «la retirada formal» de la propuesta de convenio efectuada por la Diputación y declare «nula» su actuación por suponer «una extralimitación de sus funciones que vulnera el derecho a la negociación colectiva de Adegi».

Menoscabo

Según Adegi, la Diputación «está inmiscuyéndose indebidamente en el derecho a la negociación colectiva tanto de la representación de los trabajadores como de los empresarios, si bien, en el presente caso -añade-, menoscabando claramente el poder negociador de la parte empresarial».

Sostiene la patronal en su demanda que «las únicas partes con capacidad para negociar el convenio colectivo son dos, la representación de los trabajadores y la representación de los empresarios, y en esa distribución de capacidad no hay cabida para la Administración».

La Diputación, sin embargo, tras conocer el primer posicionamiento de Adegi, ya manifestó que, como responsable de la red foral de residencias y centros de día para personas mayores, tiene derecho «a realizar cualquier tipo de propuesta que considere oportuna en relación a los Servicios Sociales del territorio dependientes del Departamento de Política Social».

En este sentido, recordó que la institución foral es «una entidad financiadora» y que fue interpelada por las partes para intermediar en el conflicto, por lo que «se considera legitimada» para adquirir una serie de compromisos, entre los que destacaban «la financiación suficiente para aplicar subidas del IPC a los sueldos y consolidar los derechos laborales de los trabajadores».

Los sindicatos consideran que no existen motivos para no suscribir este planteamiento y denuncian que las patronales Adegi y Lares pretenden congelar los salarios, incrementar la jornada en 38 horas anuales y aplicar todas las cláusulas de la reforma laboral». Asimismo, denuncian que están tratando de alargar lo máximo posible la negociación, «para que el próximo 7 de julio se aplique directamente el convenio estatal».