El primer ministro británico, David Cameron, reveló ayer los planes de su Gobierno contra la inmigración, destinados a dificultar el acceso de los extranjeros a la sanidad pública, al subsidio del paro y a las ayudas a la vivienda y controlar así la llegada de nuevos inmigrantes. «Es necesario reducir la inmigración de cientos de miles de personas al año a solo decenas de miles», afirmó.

En un discurso pronunciado en la Universidad de Suffolk, en la localidad inglesa de Ipswich, Cameron detalló las medidas con las que su Ejecutivo endurecerá su política de inmigración a partir de 2014, antes de que se levanten las restricciones de acceso al mercado laboral británico para rumanos y búlgaros, con el objetivo de reducir de forma drástica el número de extranjeros que cada año llegan al país.

Según el plan de Gobierno dado a conocer por el premier, a partir de 2014 se endurecerán los requisitos para los inmigrantes desempleados procedentes de países de la UE que soliciten cobrar el subsidio del paro. Así, dejarán de beneficiarse del sistema británico de prestaciones sociales a los seis meses, en caso de que no puedan demostrar que están buscando trabajo de forma activa.

Cameron criticó «el enfoque blando» adoptado por Gran Bretaña respecto a la inmigración bajo el anterior Ejecutivo laborista y dijo que las nuevas medidas pretenden asegurar que solo lleguen los extranjeros que puedan «contribuir a la economía británica» y acabar con la cultura del «todo por el nada» de la que, según sus palabras, habrían disfrutado los inmigrantes.

El líder «tory» anunció también que perseguirá la inmigración irregular y, para ello, doblará las multas, hasta las 20.000 libras, a aquellas empresas que empleen a extranjeros en situación irregular y sancionará a los caseros que alquilen propiedades a personas que no tengan sus documentación en regla.

Londres plantea aplicar estas medidas antes de que se eliminen las restricciones a la entrada de inmigrantes procedentes de Rumanía y Bulgaria en 2014, pues las autoridades estiman que a partir de entonces pueden entrar unos 13.000. Ambos países ingresaron en la Unión Europea (UE) en 2007, pero se acordó que su población tendría restringido el acceso al mercado laboral británico hasta el próximo año.

Otras medidas anunciada por Cameron contemplan eliminar el acceso inmediato de inmigrantes con escasos recursos a pisos subvencionados por el Estado, y deberán esperar al menos dos años antes de que los ayuntamientos decidan si les conceden estas viviendas.

El endurecimiento de la política migratoria se reflejará también en el acceso gratuito al sistema público de salud. Cameron puntualizó que los ciudadanos de fuera de la UE deberán demostrar que tienen un seguro privado antes de recibir cuidados médicos en Gran Bretaña. «No tenemos un servicio internacional gratuito», subrayó.