Las protestas contra los desahucios que se están realizando desde hace unos días ante los domicilios de diputados del PP -ocho, según la formación- han provocado un enfrentamiento entre este partido y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que ayer agravó la delegada del Gobierno español en Madrid, Cristina Cifuentes, con unas polémicas declaraciones en las que vinculaba a este movimiento social con «grupos filoetarras» y le acusaba de emprender una «estrategia política radical» que comparó con la «kale borroka». Las críticas fueron generalizadas y se acusó a Cifuentes, que encendió las redes sociales, de querer criminalizar a los movimientos sociales y de tratar de desviar la atención sobre la postura del Ejecutivo español y del PP en torno al grave problema de los desahucios.

«La señora Ada Colau (portavoz de PAH) y otras personas de la plataforma han manifestado su apoyo a Bildu y Sortu y estos grupos, a mi modo de ver y de muchos españoles, tienen mucho que ver con ETA», señaló Cifuentes, quien sostuvo que «la comunión de ideas entre la plataforma antidesahucios y Bildu no es algo nada positivo».

La propia Colau indicó a Efe que estudiará denunciar a Cifuentes por la «gravísima y al mismo tiempo ridícula» acusación de vínculos de la PAH con Bildu y Sortu. Agregó que «no tienen ninguna credibilidad, porque todo el mundo nos conoce y sabe que somos un movimiento plural, pacífico y solo trabajamos para parar los desahucios».

El PSOE tildó lo manifestado por Cifuentes de «auténtica barbaridad» y «falta de respeto sobre una presión social que está siendo efectiva».

IU estimó que esas declaraciones suponen un «salto cualitativo» en la estrategia del PP de criminalizar los movimientos sociales y acusó a Cifuentes de hacer de «pantalla» para «desviar la atención» sobre la postura del Ejecutivo y del PP en torno a los desahucios, que están demostrando su «nerviosismo».

ERC la calificó lo dicho por Cifuentes de «lamentable».

Las críticas llegaron incluso de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), cuyo presidente, José Vargas, pidió la dimisión de Cifuentes. Consideró sus palabras «fuera de lugar» y una «falta de respeto» a las víctimas de ETA, además de «una tontería». Vargas defendió que la PAH «se dedica a luchar en contra de los desahucios y no tiene nada que ver con el terrorismo», y estimó que con esas declaraciones trata de justificar «la falta de rigor y seriedad» de los gobernantes.