El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, pidió ayer comparecer ante el Parlamento autonómico para «contrastar» datos sobre los ERE fraudulentos y dijo no tener «ningún inconveniente» en hacerlo también en las Cortes si así se solicita y lo permite el reglamento del Congreso.

Griñán subrayó que que está dispuesto a comparecer «donde sea necesario» porque «ésta ha sido y es la forma de actuar» de su gobierno, «aunque puede que no sea la de otros gobiernos».

Tras recalcar que la corrupción es «siempre condenable, le afecte a quien le afecte» y que «ninguna corrupción puede tapar otra corrupción», afirmó que no hay «ningún argumento legal posible que justifique» su imputación.

Rechazó que se utilice la corrupción como «arma arrojadiza» para obtener «réditos electorales» y defendió la actuación el Gobierno andaluz desde que se conocieron las irregularidades, asegurando a que la Junta lo denunció ante la fiscalía, abrió una investigación interna, se personó, pidió imputaciones, abrió nuevas líneas de investigación, pidió una fiscalización especial de los fondos y compareció ante la comisión de investigación del Parlamento.

Niega responsabilidades

Además, negó que hubiera responsabilidades políticas en su gobierno, y también que como consejero de Hacienda «engordara» la partida 31L de los fondos de los ERE insistiendo en que todos los procedimientos de atribución de fondos, tanto iniciales como la ampliación, se hicieron «conforme a la ley, en el Parlamento -a través de la aprobación del presupuesto-, conforme a la Ley de Hacienda y con el informe de la Intervención General de la Junta».

«Todas las ampliaciones de crédito llevaron el informe de conformidad de la Intervención General de la Junta», recalcó Griñán.