crisis institucional en nafarroa
UPN evita expedientar a sus imputados y cierra filas con Barcina
No está previsto abrir ninguna investigación pese a que los estatutos ordenan que el Comité de Garantías y Disciplina actúe en estos casos
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
UPN afronta el cerco jurídico a sus principales cabezas con un cierre de filas absoluto. La confianza ciega en torno a su presidenta, Yolanda Barcina, y los tres imputados (Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya) les ha forzado incluso a romper con sus propios estatutos, que fueron renovados hace tan solo dos semanas. El Comité de Garantías y Disciplina, que debería actuar de oficio ante esta crisis, no ha iniciado ningún trámite ni investigación, según confirmaron ayer a GARA desde el propio partido. Este inmovilismo acrecienta la indignación ciudadana, que de nuevo saldrá a la calle el sábado bajo el lema «Barcina vete ya».
Los estatutos de UPN, en su artículo 87, afirman que el Comité de Garantías y Disciplina «deberá actuar de oficio ante cualquier caso de corrupción que detecte». Este comité, compuesto por cinco miembros, tiene potestad para echar del partido a todos los imputados por el presunto cohecho en la CAN e incluso a la propia presidenta si acaba imputada. No es necesaria ninguna condena en firme para una suspensión o la expulsión del partido, puesto que basta con que las actuaciones de los afiliados «puedan constituir un menoscabo de la imagen y el prestigio del partido», como sin duda está ocurriendo, aunque se evite reconocerlo.
El Comité de Garantías está formado por Juan Ramón Rábade, Jesús Marco, Pablo Casado, Evelio Gil y Carlos Antonio Salvador. Todos ellos fueron elegidos en el Congreso del que resultó victoriosa Barcina, y la mano de la presidenta estuvo presente en su elección. Barcina estuvo repartiendo papeletas con las casillas premarcadas para que fueran precisamente estas cinco personas las que estuvieran al cargo de las sanciones.
La elección del Comité de Garantías fue uno de los pocos puntos donde se intuyó un acuerdo entre los bandos de Barcina y el denostado Alberto Catalán. Se presentaron nueve candidatos para tan solo cinco puestos. Finalmente, tres de ellos se retiraron justo antes del día del Congreso, entre ellos, Julio Vidaurre y Raúl Julio Bator. Tras la votación, el único que se quedó sin plaza fue el aspirante «independiente» Mugurel Popescu, de Atarrabia.
El consenso de las dos corrientes de UPN en torno al órgano disciplinario estaba plenamente justificado a tenor de lo ocurrido este martes, puesto que ambos bandos han encajado un duro revés judicial con estas imputaciones. Barcina se ha librado gracias al fuero que le otorga la Presidencia foral, y uno de sus hombres de confianza, Enrique Maya, tendrá que declarar el día 15. Por su parte, el bando de Catalán ha salido malparado por la imputación de Miguel Sanz, uno de los instigadores del fracasado motín contra la presidenta de UPN.
La tolerancia de la formación de Barcina con casos sospechosos de corrupción ha tenido altibajos. El partido fue firme con Carolina Potau (edil de Eguesibar), a quien expulsó sin miramientos. En su día, forzó la dimisión de Ignacio Galipienzo (alcalde de Eguesibar hasta finales de 2003). De otra parte, aceptó de buen grado las dimisiones de Javier Cruz (concejal de Burlata finalmente absuelto) y José Javier Solabre (edil de Barañain). Sin embargo, su resistencia a expulsar al alcalde de Eguesibar que sustituyó a Galipienzo, José Anastasio Andía, causó enormes críticas. UPN no se deshizo de Andía hasta el día anterior a que declarara en los juzgados por la compra de preferentes con dinero público. Esta falta de decisión allanó el camino a una moción de censura a través de la cual, NaBai se hizo con la Alcaldía con los votos de PSN, Bildu e I-E. Fue el pasado 19 de mayo.
La movilización ciudadana
El inmovilismo de UPN está obligando al resto de actores políticos a actuar. La moción de censura que Bildu registrará este viernes ha recobrado un enorme impulso, pero la ciudadanía quiere tener también su protagonismo. La semana pasada, diversos ciudadanos convocaron una manifestación bajo el lema «Barcina vete ya», que partirá este sábado a las 18:00 horas desde el parque de Antoniutti. La protesta tiene el respaldo de asociaciones antidesahucios, la Asamblea de Parados, miembros de Kontuz y otros movimientos populares.
Tras las imputaciones de Sanz, Maya y Miranda, los ciudadanos que convocaron la protesta han subrayado que «Maya y Barcina van a aferrarse a sus sillones como a un clavo ardiendo. Sobre todo Barcina, porque ahora sabe que en el momento en que deje de ser aforada va a ser imputada por la Justicia». Por ello, aseguran que «no se van a ir por su propia voluntad, vamos a tener que echarles».
El día después de que la juez María Paz Benito imputara a los principales líderes de UPN de la última década -salvo a Barcina- estuvo marcado por un mutismo absoluto. Las reacciones de ayer de UPN y PSN parecían medidas y calculadas por un abogado, sin atreverse a decir nada que les pudiera comprometer. El discurso de la formación de Barcina, en concreto, era calcado al que se escucha en la boca del abogado defensor de Miguel Sanz, Eduardo Ruiz de Erenchun, que a la sazón es marido de la actual consejera de Salud y se especula con que también podría defender a la presidenta navarra si acaba siendo procesada en el Supremo o renuncia al cargo.
El único movimiento que se ha conocido de los imputados ha sido realizado por Miguel Sanz, que ha decidido no acudir al Parlamento a dar explicaciones por su papel en la desaparición de Caja Navarra. Sanz primero se negó a ir a la Cámara y después cambió de opinión, precisamente a raíz de la publicación de las dietas. Ahora, el expresidente dice que no tiene sentido responder a las preguntas del Parlamento tres días antes de someterse al interrogatorio judicial, en el que estarán presentes la juez y las acusaciones. GARA
«No solo es insostenible que Enrique Maya siga siendo alcalde después de ser citado a declarar como imputado, sino que es inadmisible que declare ante la Audiencia de Iruñea en calidad de alcalde. Enrique Maya tiene que dimitir antes de esa fecha y presentarse ante la Justicia como un ciudadano más. Por responsabilidad política y por respeto a la ciudadanía», destacó ayer Eva Aranguren, concejal de EH Bildu en la capital navarra.
Aranguren recordó que en el Pleno que reprobó a Maya por el cobro de dietas opacas de la CAN, el alcalde dijo que únicamente tomaría la decisión de dimitir en el caso de que se atisbaran responsabilidades judiciales. Tras la citación como imputado, la edil abertzale le instó a cumplir con su palabra. Asimismo, recordó que Yolanda Barcina manifestó en la asamblea anual de UPN de 2010 que cualquier imputado por un caso de corrupción debería ser dado de baja en el partido.
Aritz Romeo, por su parte, subrayó que Iruñea «necesita una alternativa a este modelo gris y caduco de hacer política. Una alternativa a la sombra permanente de corrupción que persigue a UPN. Iruñea necesita otra manera de gestión municipal, un modelo basado en la transparencia y la honradez».
Asimismo, Romeo destacó que «la ciudadanía no comprende cómo es posible que mientras se recorta en servicios públicos y recursos sociales, como está pasando en el Ayuntamiento de Iruñea, haya dirigentes que se estén llenando los bolsillos con dinero público y de manera tan descarada».
«Es necesaria una alternativa más social, que anteponga las necesidades y los intereses de la ciudadanía a los intereses personales de quien gobierna. Es necesario impulsar y reforzar las medidas de protección social, así como respetar la diversidad identitaria y cultural de la ciudadanía de Iruñea. Y, por supuesto, es necesario abrir cauces de participación para la ciudadanía, un modelo de hacer política de forma participativa, en el que la ciudadanía pueda tener voz en diferentes tomas de decisiones que este Ayuntamiento realiza en diferentes áreas», añadió Romeo, que pidió a las fuerzas progresistas y de izquierdas de la ciudad trabajo conjunto en esta dirección, tal y como ya se ha producido en varias ocasiones.
Preguntados por la posibilidad de que, al igual que en el Parlamento, EH Bildu pueda presentar una moción de censura contra Maya en el Ayuntamiento de Iruñea, Aranguren recordó que la que se registrará mañana contra Barcina tiene como único objetivo forzar la convocatoria de elecciones anticipadas frente a la actitud obstruccionista de la presidenta del Gobierno, mientras que en el ámbito municipal no existe la posibilidad de llamar a las urnas.
Pese a ello, la concejal de EH Bildu destacó que en el Ayuntamiento de Iruñea existen herramientas, como el Pleno, para poder impulsar políticas progresistas frente a las que mantiene UPN, que tiene únicamente once concejales de un total de 27. Martxelo DÍAZ
