Amaiur presentó ayer en Donostia la proposición no de ley que defenderá el próximo martes en el Congreso de Diputados con la que pretende poner freno al fraude fiscal y a la corrupción.

Los diputados Maite Aristegi y Sabino Cuadra expusieron los datos del nivel de corrupción en el Estado español que, según las cifras aportadas por la Asociación de Técnicos de Hacienda se sitúa en el 23,3% del PIB, mientras que la media en Europa es del 13%. La diferencia supone 38.000 millones de euros, un cantidad que supera en 7.000 millones lo dedicado por el Gobierno español en los Presupuestos Generales del Estado a las prestaciones por desempleo y al fomento del mismo.

Ante esta situación, la primera de las nueve medidas de la iniciativa de Amaiur propone no reconocer legalmente a las sociedades constituidas en paraísos fiscales, «impidiendo que puedan operar mercantilmente en territorio estatal», así como prohibir que las empresas que cotizan en Bolsa cuenten con filiales o sucursales en esos paraísos. Además, plantean realizar una auditoría pública a las sociedades con un volumen de negocio superior a 150 millones y «en especial, a las que conforman el Ibex 35».

Suprimir las SICAV

En el aspecto fiscal, la proposición aboga por suprimir las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) y una «revisión general» del sistema de exenciones y bonificaciones a las inversiones de capital «a fin de suprimir el régimen privilegiado que ostentan y contribuyan de forma justa y equitativa a las cargas fiscales generales».

Asimismo, proponen la «revisión general» de la normativa vigente en materia de fraude fiscal y corrupción, en relación a los supuestos, la prescripción y las sanciones y penas. También insistieron en la adecuación de los medios personales y organizativos a la necesidad de perseguir los delitos.

La propuesta de Amaiur hace referencia además al sistema de financiación de los partidos políticos, del que dice que «hay que exigir que un porcentaje mínimo de ésta proceda de su base afiliada». En este apartado, piden la prohibición de las condonaciones o tratos bancarios de favor y la limitación «sustancial» de la cuantía de las donaciones privadas.

Control de los cargos públicos

En relación a los cargos públicos, la coalición abertzale apuesta por que los que estén remunerados a jornada completa no puedan percibir ninguna otra remuneración pública, así como que sus sueldos sean referidos y actualizados conforme al importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En los casos en que un cargo sea encausado por delitos relacionados con la corrupción, proponen su «separación cautelar» y la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos por los delitos cometidos por los cargos «en el ejercicio de sus funciones propias». Este apartado se completa con la prohibición de los indultos en estos delitos «tanto para corruptos como para corruptores».

La propuesta de Amaiur aboga por la «inhabilitación general y a perpetuidad de los corruptos para el ejercicio de la función pública y de los corruptores para contratar con la Administración». Finalmente, la proposición no de ley remarca la «acentuación del régimen de control y la transparencia en la contratación pública», sobre todo en los casos de contratación directa, así como en «la aprobación y ejecución de los planes e instrumentos urbanísticos y concesión de licencias».

En su comparecencia, los diputados de Amaiur criticaron que el 72% de lo defraudado en el Estado español es achacable a las grandes empresas y lo contrapusieron con otro dato aportado por los inspectores de Hacienda del Estado que es que el 80% de su trabajo está centrado en perseguir a los pequeños defraudadores, trabajadores en general, autónomos y pequeñas empresas.

En esta línea, también destacaron el papel que juegan los paraísos fiscales y apuntaron que ocho de cada diez empresas del Ibex tienen, al menos, una sociedad domiciliada en estos lugares opacos para el fisco.

Suprimir las SICAV

Amaiur también se refirió a las SICAV a las que calificó como «fraude legal» que permite que los beneficios de capitales superiores a 2,4 millones de euros solo coticen un 1%. Estos ejemplos justifican, según la coalición, que el Consejo de Europa suspenda al Estado español en el apartado de corrupción y que en el índice de «Transparency International» se encuentre a la altura de Botswana.

Aristegi y Cuadra denunciaron también la «confusión» entre lo público y lo privado con el «trasiego continuo» de cargos por las administraciones, empresas, bancos y fundaciones.

Además, destacaron los problemas derivados de un sistema de partidos «muy profesionalizados», dependientes cada vez menos de sus afiliados y más de la financiación institucional. En este sentido, acusaron a las grandes formaciones de haberse convertido en «maquinarias electorales y mediáticas que precisan para su funcionamiento de ingentes cantidades de profesionales y dinero».