Según informó ayer el comité de empresa de Alfus FCC Ambito, dedicada a las limpiezas industriales, en julio del pasado año la dirección llevó a cabo una reestructuración de plantilla a través de prejubilaciones y acuerdos con los trabajadores, de tal forma que los representantes de la empresa «asumieron el compromiso con la plantilla de Alfus de que una vez terminada la reducción de plantilla se comprometían a negociar un convenio con los representantes de los trabajadores».

A pesar de esta promesa, «a día de hoy la empresa no ha querido negociar y ahora pretende llevar a cabo 18 nuevos despidos», según denuncia el comité.

Ante el anuncio de despidos, los trabajadores celebraron ayer una asamblea en la que aprobaron la propuesta del comité de empresa de intensificar las movilizaciones que ya venían realizando y han convocado una huelga indefinida a partir del 29 de abril.

Los trabajadores exigen a la dirección que retire la amenaza de los despidos y que firme un convenio colectivo que dé seguridad jurídica a sus condiciones laborales y que mantenga su poder adquisitivo.

El comité considera «inadmisible» que la empresa presente este despido colectivo y entiende que su única intención es «empeorar gravemente las condiciones laborales de la plantilla». En este sentido, acusa a la empresa de «querer mejorar la competitividad a costa de precarizar la situación de los trabajadores».

Las movilizaciones consistirán en huelgas los próximos días 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 y 25 de abril y una huelga indefinida a partir del día 29 de este mismo mes.

ERE de suspensión en Bzero

Entretanto, los trabajadores de la empresa vizcaina de telemárketing Bzero retomará hoy las movilizaciones para protestar por el expediente de suspensión de empleo presentado el pasado 20 de marzo por la dirección para 18 de sus 79 trabajadores.

La concentración de hoy tendrá lugar frente a la redacción del diario «El Correo», ya que el Grupo Vocento es uno de sus principales clientes. De hecho, la mayoría de los trabajadores que serán despedidos llevan a cabo tareas de recepción telefónica de pedidos de publicidad en los periódicos de dicho grupo.

Según denuncia el comité, integrado por representantes de LAB, CCOO, ELA e Independientes, la dirección pretende prolongar el expediente por nueve meses, con una reducción de jornada del 60% para las personas afectadas. «Esta reducción en unos salarios de 900 euros supone exponer a los y las trabajadoras a la precariedad más absoluta», denuncia.

El comité considera «completamente desproporcionada» la reducción del 60%, por lo que anuncia que «tratará de acordar un porcentaje de reducción de jornada acorde a la realidad de la carga de trabajo y lo que es más importante, un compromiso de no extinción de los contratos de forma traumática, superado el expediente durante el siguiente año».