La Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, integrada por unos 150 ayuntamientos y concejos, celebrará el sábado en la Casa de Cultura de Burlata una asamblea en la que reclamarán al Gobierno navarro que se ofrezca a los pueblos información jurídica e histórica sobre el origen y los derechos de su patrimonio público y que muestre su apoyo a los entes locales que intentan recuperar los bienes públicos inmatriculados en beneficio propio por la Iglesia católica.

Representantes de la plataforma comparecieron ayer en Atarrabia y recordaron que la Iglesia católica «acogiéndose a una vía privilegiada y con un coste irrisorio» ha inmatriculado numerosos bienes que pertenecen a los pueblos, «siguiendo un procedimiento que no conlleva publicidad alguna, sin conocimiento de la población en general ni de sus representantes públicos».

«La Diócesis se ha atrincherado tras un muro de silencio, mientras sigue vendiendo, alquilando, cobrando entradas y disponiendo de los bienes que ha inmatriculado a su nombre. Además, en muchos casos los ha abandonado hasta situaciones de ruina, a la espera de que sean los fondos públicos y los vecinos quienes los arreglen para disponer luego de ellos y patrimonializarlos a su antojo», añadieron. Al mismo tiempo, subrayaron que el retorno a la propiedad pública es la única vía para garantizar el mantenimiento de estos bienes, muchos de ellos de gran valor histórico, así como su disfrute por parte de la población. Pusieron como ejemplo Nafarroa Beherea, donde estos edificios son públicos.

Por ello, reclaman al Gobierno navarro que informe sobre las inversiones realizadas con dinero público en el arreglo, mejora y sostenimiento del patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica, especificando el porcentaje que han aportado el Estado, el propio Gobierno navarro y los entes locales. «Los navarros tienen el derecho a conocer hasta qué punto siguen financiando y manteniendo, casi en su totalidad, los bienes privatizados por la Iglesia», destacaron.

Los integrantes de la plataforma recordaron que en junio de 2o12, el Parlamento navarro instó al Gobierno foral a hacer un inventario del patrimonio afectado por las inmatriculaciones de la Iglesia católica y pidió la derogación de la ley que permite esta práctica.