El segundo Govern encabezado por Artur Mas cumplió ayer sus primeros 100 días de mandato, día aprovechado por el president para hacer el balance de una acción de Gobierno marcada sobre todo por el proceso soberanista y la grave situación de las finanzas catalanas. Una gravedad admitida por Mas, quien, sin embargo, quiso dejar claro su «compromiso explícito con el derecho a decidir y la consulta» soberanista.

Lo hizo para calmar las aguas en los sectores soberanistas, que en las últimas semanas han visto cierta marcha atrás del Govern en su discurso a favor del Estado propio. De hecho, los movimientos de algunos consejeros del Ejecutivo catalán a lo largo de las últimas semanas, así como las declaraciones del número dos de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, habían despertado las alarmas de la mayoría social a favor de la consulta de autodeterminación.

Mas trató de rebajar los ánimos asegurando que el rumbo «no se ha desviado» y recordando las dos resoluciones parlamentarias a favor del derecho a decidir, la tramitación de la ley de consultas y la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional.

Además, anunció que en pocos días tratarán de poner en marcha una comisión nacional para el proceso del derecho a decidir, en la que tendrían cabida partidos políticos, así como agentes sociales económicos y culturales.

Pero las dudas sobre la decisión con la que el Govern encara el proceso soberanista siguen planeando sobre el ambiente político catalán, sobre todo desde que las llamadas al diálogo con el Estado se han convertido en una constante y desde que, recientemente, trascendiera la reunión que mantuvieron Mas y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, sin luces ni taquígrafos.

Mas explicó que el tono de la reunión fue cordial y recordó que está «obligado a dialogar» con el Estado, tanto para conseguir que deje de ahogar económicamente a Catalunya como para tratar de convocar una consulta legal».

Sobre este extremo, añadió que no hubo ningún tipo de acuerdo sobre la consulta, punto en el que las posiciones de ambos «están en las antípodas», en palabras del president.

Eso sí, Mas no quiso aventurarse a dibujar un escenario en el que una consulta legal sea imposible y prefirió no referirse a ningún plan B.

Sobre las finanzas públicas, Mas no escondió la gravedad de las cuentas catalanas y pidió redoblar los esfuerzos para conseguir que el Ministerio de Hacienda relaje los objetivos del déficit para las autonomías. Calificó la situación de «emergencia nacional» y, por ello, volvió a insistir en la oferta de configurar «un gobierno transversal, de concentración».

Un ofrecimiento dirigido, sobre todo, a ERC y al PSC. Pese a ello, consideró que el pacto alcanzado con ERC «progresa adecuadamente».

Ni republicanos ni socialistas recogieron el guante lanzado por Mas, aunque evitaron ser demasiado críticos con la acción del Govern, sobre todo ERC, cuya secretaria general, Marta Rovira, subrayó que «es momento de trabajo conjunto para el país». Desde la izquierda, tanto CUP como ICV-EUiA criticaron la política económica y social de Mas -también la nacional en el caso de los independentistas-, mientras que la derecha unionista, a través del PP y Ciutadans, no dudó cargar contra la acción de Govern.