la monarquía española, en el punto de mira judicial
El juez imputa a la infanta Cristina por «cooperación necesaria»
El juez José Castro imputó ayer a la infanta Cristina en el «caso Nóos», por lo que tendrá que comparecer el 27 de abril en el Juzgado de Palma de Mallorca. Afirma que podría haber incurrido en «un supuesto de cooperación necesaria» o «complicidad» en los delitos que se atribuyen a su esposo, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, sospechosos de desviar más de 6 millones de euros de fondos públicos.
GARA | PALMA DE MALLORCA
El juez José Castro imputó ayer a la infanta Cristina porque considera que pudo consentir que su parentesco con el rey español fuera utilizado por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres en las actividades del Instituto Nóos, lo que podría constituir un delito de «cooperación necesaria» o «complicidad». Tanto Urdangarin como Torres son sospechosos de haber desviado varios millones de euros de dinero público a través de Nóos, una sociedad de mecenazgo. La hija menor de los reyes, de 47 años y cuyo nombre apareció en unos correos electrónicos remitidos al magistrado por Torres, deberá comparecer en el Juzgado de Palma el 27 de abril.
En un auto de 19 páginas, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma argumenta que sin la presencia de la infanta en la entidad, así como sin «el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real», Urdangarin y Torres no habrían podido obtener los fondos de las administraciones públicas que supuestamente desviaron.
Castro se muestra tajante al aseverar cómo Cristina de Borbón y el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga -también imputado-, prestaron su consentimiento para que su parentesco con la Casa Real fuera utilizado por Urdangarin y por Torres «a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas».
En atención a ello, incide, se prescindía de los cauces y controles administrativos «que eran de rigor, disfrutando junto a su marido de los beneficios obtenidos».
«Es más que dudoso que las empresas e instituciones públicas se hubieran aquietado tan pacíficamente a las proposiciones que Iñaki Urdangarin y Diego Torres les hacían llegar sin contar con el aparente y consensuado refuerzo de la Casa del Rey, lo que intencionadamente», afirma el juez, se dejaba entrever mediante la presencia de la infanta y García Revenga en la junta directiva de Nóos.
En esta misma línea, apunta que «difícilmente puede estructurarse que Urdangarin actuara de espaldas a su esposa cuando la negociación o un hito relevante» de la misma, en relación a los convenios de colaboración de los llamados Illes Balears Forum, tuvo lugar en el palacio de Marivent, mientras que los del Valencia Summit se habrían celebrado en Zarzuela.
Asegura que «está fuera de discusión» que la infanta y su esposo, así como García Revenga, «prestaron su consentimiento a que usaran sus nombres, tratamiento y cargo, pues no cabe imaginar que pudiera hacerse de otro modo».
Sostiene, además, que «no se acaba de entender que su majestad no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido» para instarle a desvincularse de Nóos.
«E incluso que consensuara con ella su alcance y el compromiso, expreso o tácito, de que alguna manera velara por su cumplimiento lo que debería haber llevado a doña Cristina a la conclusión de que las recomendaciones de su padre no se estaban siguiendo y cuestionar al respecto la actitud de su marido», señala.
Concluye que la no imputación de la infanta sería «un descrédito a la máxima de que la Justicia es igual para todos» y argumenta que citarla como testigo sería de «escasa utilidad» porque, como miembro de la Familia Real, «estaría exenta de concurrir a un hipotético llamamiento judicial como testigo, pudiendo facilitar su versión por escrito», a tenor de lo dispuesto en el artículo 412.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) Además, como cónyuge de Urdangarin, «ni tan siquiera por escrito estaría obligada a hacerlo», según artículo 416.1 de la LECrim.
La noticia de esta imputación, el capítulo más grave de este escándalo de corrupción que estalló a finales de 2011, desató una cascada de reacciones.
El portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, se limitó a expresar su respeto a las actuaciones judiciales, las cuales, dijo, no le gusta valorar.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, por su parte, evitó la pregunta sobre si se le debería retirar el título de duquesa de Palma a la infanta, mientras que el secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, habló de respeto.
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, manifestó que sueña con un país en el que haya jueces que «se crean de verdad la independencia del poder judicial» y que Castro ha «dado una buena muestra en ese camino».
Para el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, es el momento de que la Corona sea tratada «de la misma manera» que el resto de instituciones.
El líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, exigió que renuncie a «los privilegios» que tiene como miembro de la Casa Real.
La coalición MÉS per Mallorca pidió la «retirada inmediata del título de duques de Palma al matrimonio Urdangarin-Borbón» y que deje de recibir las aportaciones consignadas en los Presupuestos Generales.
La Liga Anticorrupción, que cuenta con más de 300 colaboradores bajo la presidencia del sobrino del expresidente del Gobierno español Adolfo Suárez, Augusto González, saludó la decisión de Castro porque «era un escándalo que no estuviera imputada, pese a las pruebas que señalan su relación directa con el caso».
El fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach recurrirá la decisión de Castro porque, a su juicio, no hay indicios criminales que relacionen a la infanta Cristina con las actividades del Instituto Nóos. Partidos como ERC y BNG criticaron duramente la actuación del Ministerio Fiscal.
La Mesa del Congreso español dio vía libre el martes a un nuevo paquete de preguntas al Gobierno sobre su relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, cuyo nombre salió a la luz a raíz del viaje de Juan Carlos I a Botswana. Una «caída accidental» desveló que el monarca llevaba cuatro días cazando elefantes en el país africano en compañía de Zu Sayn-Wittgenstein, que también aparece ligada al Instituto Nóos.
Asimismo, la Mesa del Congreso analizará la próxima semana las preguntas registradas por varios grupos parlamentarios sobre la herencia recibida por el rey procedente de cuentas que su padre, don Juan, tenía en Suiza.
Según «El Mundo», quien ostentara el título de conde Barcelona dejó al morir, hace veinte años, una fortuna de 1.100 millones de pesetas «que incluía 728 millones en tres cuentas en Suiza», de las que Juan Carlos I habría heredado 375 millones de pesetas.
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, calificó de «muy graves» las denuncias sobre las posibles cuentas en Suiza porque «el jefe del Estado tiene que ser el primero que dé ejemplo. Tiene que ser un referente ético». En rueda de prensa en la sede de IU, consideró que, de ser ciertas las informaciones, pondrían en cuestión «el patriotismo del rey. ¿De qué patria hablamos? ¿Se puede hablar de patria cuando saca dinero del país? El tema es grave en cuanto a la función ética que debe cumplir un jefe de Estado».
El Ministerio de Hacienda alegó que no puede difundir datos sobre contribuyentes aunque lo pida una pregunta parlamentaria porque la ley tributaria lo impide. GARA
El portavoz de ERC en el Congreso español consideró que «el pueblo catalán tiene un nuevo argumento para optar por la República Catalana». El diputado de la CUP en el Parlament David Fernández pidió la «disolución» de la Monarquía.
El exsecretario general de Sanidad y portavoz del PSOE en la comisión del ramo del Congreso, José Martínez Olmos, subrayó que esta imputación aumenta el «descrédito» de la Monarquía y aseguró que la República «cada vez está más cerca».
La Casa Real española dijo estar «sorprendida» por «el cambio de posición» del juez José Castro, al tiempo que mostró su «absoluta conformidad» con la decisión de la Fiscalía de recurrir la imputación de la infanta Cristina. Un portavoz de la Casa Real dijo a Efe que «tras tener conocimiento por los medios de comunicación del auto y con el máximo respeto por las decisiones judiciales, esta institución quiere manifestar su sorpresa por el cambio de posición» del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca y su complacencia con el recurso de la Fiscalía. Previamente, un portavoz oficial aseguró que la Casa Real «no comenta decisiones judiciales».
Desde 2012, la infanta Cristina está apartada de la agenda oficial de la Familia Real, mientras que la imagen de su marido ha sido retirada tanto del Museo de Cera como de la web de la Casa Real.
Los medios internacionales se hicieron amplio eco de su imputación, destacando que «por primera vez una princesa española deberá comparecer ante los jueces». GARA
El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, se reunió ayer en la mansión de Pedralbes, en Barcelona, con la infanta Cristina. «Sería un honor defenderla, pero no sé si me va a corresponder», declaró horas antes.
