La presencia de la larga sombra del Fondo Monetario Internacional en Túnez no constituye ningún secreto. Como en el sur de Europa o en otros países árabes como Egipto, la institución que dirige Christine Lagarde opera con gobiernos y sectores financieros para imponer su recetas neoliberales a cambio de fondos. Las denominadas «reformas estructurales», la «flexibilidad» en el mercado laboral, la «liberalización» del sector público o la austeridad presupuestaria son algunas de estas condiciones «sine qua non» que ya se aplican, por ejemplo, en el Estado español. En el caso tunecino, las maniobras del FMI pretenden incidir en el incierto proceso político abierto tras la revolución de 2011 que tumbó a Zine El Abidine Ben Ali. Un documento (aparentemente un borrador) filtrado por el diario «Nawaat» y al que ha tenido acceso GARA evidencia cuáles son las exigencias del organismo internacional a cambio de un préstamo de 2.700 millones de dinares (unos 1.350 millones de euros) que tendría que devolver en el plazo de cinco años. Unas propuestas desarrolladas a espaldas de la población tunecina y que el Ejecutivo, en manos de la formación islamista Ennahda, asume como propias. El Frente Popular, único partido que se opone a la injerencia, denuncia el secuestro de la soberanía. De este modo, Túnez podría pasar de estar sometido a la tiranía de Ben Ali a sufrir la dictadura del FMI.

La documentación, redactada en francés, se divide en dos informes, todos ellos bajo el epígrafe de «estrictamente confidencial». La primera parte, de dos páginas, constituye una declaración de intenciones dirigida a la propia Lagarde, fechada en febrero y que incluye el espacio para la firma de Chedly Ayari (gobernador del Banco Central de Túnez) y Elyes Fakhfakh (ministro de Finanzas). En ella, ambos dirigentes defienden las políticas implementadas durante 2012 y que contaron con la supervisión del Banco Mundial, aunque también piden tiempo ante la coyuntura monetaria internacional.

Privatizaciones y recortes sociales

La segunda, de 14 folios, incluye un análisis de coyuntura y las líneas maestras de la política económica para el período 2013-2015, la mayoría de ellas también vigiladas trimestralmente por las instituciones supragubernamentales. Como anexo, un calendario donde se marcan, por meses las principales medidas a implantar durante este mismo año. No lleva firma aunque desde el Frente Popular se sospecha que son los propios funcionarios del FMI los que lo han redactado, asumiéndolo después los responsables políticos tunecinos. GARA trató de contactar con la oficina de prensa del ente monetario para verificar la autoría, sin obtener respuesta. A grandes líneas, el texto recoge los planteamientos básicos neoliberales: retórica de un aprovechamiento eficaz de los recursos, privatizaciones y facilidades para las empresas, así como una reducción del gasto público que sirve para inyectar liquidez a la banca.

«Poner remedio a las vulnerabilidades del sistema bancario y restablecer los márgenes de maniobra exterior y presupuestaria» constituyen los ejes del paquete de reformas. Según el análisis previo, el país ha crecido «a pesar de las huelgas» y el contexto internacional. No obstante, reconoce la mala situación que atraviesan las entidades financieras, lastradas por décadas de corrupción durante el régimen de Ben Ali. Por ello, propone medidas de saneamiento que recuerdan al rescate de la banca española. Se trataría de refinanciar las entidades para, posteriormente, realizar una auditoría de la banca pública y evaluar si fusionarlas o privatizarlas. «El dinero público, de los contribuyentes, va a servir para comprar los préstamos dudosos, en manos de los Ben Ali o los Trabelsi (familia de la esposa del expresidente, acusada de actuar como cartel mafioso durante el régimen)», denuncia Fathi Chamkhi, del Frente Popular.

Para sufragar esta reestructuración, el documento hace hincapié en cuestiones presupuestarias. En el ámbito impositivo, supresión de impuestos de sociedades e incremento de la presión para bienes como el combustible. Como denuncia el responsable del Frente Popular, «quieren hacer de Túnez un paraíso fiscal». Unas medidas que vendrían acompañadas por incrementos de precios y supresión ayudas.

Entre los planes del memorándum, la privatización de empresas públicas, la reforma laboral (basada en la eufemística «competitividad») o la incertidumbre hacia el sistema de pensiones. «Los tunecinos eligieron una asamblea constituyente, no un Gobierno para firmar este tipo de acuerdos», remarca Chamkhi, quien alerta que los planes suponen una traición para la revolución. Desde luego, queda lejos del «pan, libertad y justicia social» que siguen sin cumplirse.