El 18 de febrero el Gobierno del presidente Evo Morales dictaba el Decreto Supremo nº 1494 por el que se procedía a nacionalizar el paquete accionario que posee la compañía TBI Overseas Bolivia, perteneciente a ACDL encabezado por Abertis SA y las acciones en propiedad de terceros provenientes de esta. El presidente de Bolivia defendió dicha nacionalización y remarcó que al Estado español le debería dar «miedo defender a una compañía que roba y saquea un país» en referencia al papel de la filial de las españolas Abertis y Aena en la gestión de tres aeropuertos en el centro de Bolivia (Santa Cruz, La Paz, Cochabamba). Y no le falta razón a Evo Morales a tenor de los datos que se señalan. Albertis y Aena pagaron en 1997 apenas 3.683 dólares por el derecho de explotación de los citados aeropuertos y obtuvieron una utilidad de 20,6 millones de dólares, no realizando ninguna inversión salvo el mantenimiento de los mismos a pesar de los esfuerzos del Gobierno boliviano para que así lo hicieran. Esto es, un incremento del 2.164% sobre el capital inicial desembolsado. Negocio redondo. Ha sido por tanto la negativa de las empresas a invertir en su ampliación y mantenimiento la que ha abocado al Gobierno boliviano a terminar con la situación. Conforme a lo señalado por Morales el Gobierno de Bolivia solicitaba una inversión de 36 millones de dólares. Además los traba- jadores habían denunciado el incumplimiento de la ley del trabajo vigente en el país andino y las quejas se referían tanto a aspectos laborales como a supuestas irregularidades.

Esta no ha sido la primera nacionalización que realiza el Gobierno de Bolivia. En los últimos diez meses se han nacionalizado otras tres compañías del Estado español.

Todas estas decisiones son parte de una po-lítica que Amaiur aplaude, dado que su objetivo no es otro que recuperar para el Estado plurinacional de Bolivia resortes estratégicos de la economía boliviana (recursos naturales como el gas y los minerales, servicios públicos, etc...) con la finalidad de recuperar soberanía perdida a favor de las grandes corporaciones internacionales. Como señalaba en su día el canciller Boliviano, Choquehuanca, el objetivo es recuperar «la dignidad y la soberanía sobre los recursos naturales de Bolivia», pues según la «Constitución política es el Estado el que debe manejar el sector de los servicios».

Esto es lo lógico. Bolivia es un país rico en recursos naturales, que ha sufrido la explotación primero colonial y luego neocolonial. Y que ha sufrido además un colonialismo de carácter interno donde la mayoría social indígena ha sido explotada. Bolivia lucha por la soberanía para un adecuado desarrollo del Estado. Y como bien indica el presidente Morales lo que necesita son socios y no patrones, que ayuden a salir de la pobreza y no al saqueo sistemático de sus recursos naturales. Unos socios que busquen no la mera explotación de las materias primas sino que impliquen transferencia de conocimiento y tecnología. Unas inversiones en las que todos (y sobre todo el pueblo boliviano) ganen.

En este sentido debemos recordar que Bolivia fue el primer país del Continente en nacionalizar sus hidrocarburos, en 1937 la Standar Oil Co., medida que se tomó nuevamente en 1969, afectando a la Gulf Oil. Y es con la llegada de Morales y la proclamación del Estado plurinacional donde tras años de políticas neoliberales que llevan a la entrega de los principales recursos de Bolivia a transnacionales, cuando los hidrocarburos vuelven a propiedad del Estado. Fue el 1 de mayo de 2006 y permitió que los ingresos del Estado pasaran de 945 millones de dólares en 2005 a 3.150 millones de dólares en 2011.

Las nacionalizaciones han continuado desde entonces en Bolivia. En 2006 se inició la reestatización de minas. En 2008 tele- comunicaciones, lo que permitió ampliar la cobertura nacional en un 85% y reducir las tarifas en telefonía móvil. En 2008 se concretó, entre otras, la compra de más del 50% de las acciones de la petrolera Andina, hasta entonces filial de Repsol YPF. En 2009 se estatizaron todas las acciones de la empresa AIR BP Bolivia. En 2010, se inició el proceso de estatización del sector eléctrico, y en diciembre de 2012 se nacionalizaron filiales eléctricas de la mul- tinacional con sede en Bilbao, Iberdrola.

Gracias a estas nacionalizaciones, y conforme al Ministerio de Comunicación, el Gobierno Boliviano beneficia entre otros a los adultos mayores con la Renta Dignidad, a las mujeres embarazadas y sus hijos hasta el año de edad con el bono Juana Azurduy; y a los estudiantes con el bono Juancito Pinto. Mientras durante el periodo neoliberal, previo a la llegada del MAS, el 10% más rico de la población boliviana generaba alrededor de 95 veces más dinero que el 10% más pobre, hoy esa brecha se ha acortado a 36 veces. Bolivia avanza con una nueva política económica de la que las expropiaciones son parte, y que ha llevado a que entre 2006 y 2012, 1,3 millones de ciudadanos, principalmente campesinos indígenas, abandonen la extrema pobreza.

Y todo esto en el marco constitucional que se ha otorgado el Estado Plurinacional de Bolivia, donde el Art. 311 del Texto Constitucional dispone que el Estado puede intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todas las bolivianas y bolivianos. También el parágrafo I del Art. 351 de esa Constitución Política señala que el Estado asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas.

Pero esto no es un invento Boliviano. Recientemente la gran mayoría de ciudadanos islandeses apoyaron la nacionalización de los recursos naturales, con solo un 34% de oposición. Cabe destacar la pregunta sobre los recursos naturales, en la que un 81% de los votantes ha respaldado la nacionalización (pesca, energía geotérmica...).

Por todo ello no entendemos (o sí) la posición que vuelve a adoptar el Gobierno español respecto al proceso de nacionalización. Tras señalar su ministro de exteriores José Manuel García-Margallo que no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios pú- blicos, y en total contradicción con esto, señala que replanteará sus relaciones con Bolivia, movilizará a la UE e incluso llama a consultas al embajador boliviano. Es decir, a pesar de reconocer la legitimidad de las medidas adoptadas, al Gobierno español le puede el «tic colonial» y califica una decisión soberana de Bolivia como «acto inamistoso».

Ante esto no cabe más que señalar que lo inamistoso es la actitud del Gobierno español. Inamistoso y poco respetuoso al señalarle al Gobierno boliviano algo que conoce bien, esto es, que deberá haber una indemnización. El Gobierno boliviano es sabedor de ello y ya valorará lo que entienda que debe indemnizar, puesto que, eso sí, habrá que valorar diversas cuestiones como el monto de recursos que se han transferido al exterior, las utilidades... Ya señaló el Gobierno que «Bolivia va a garantizar un precio justo». Pero no será el Gobierno español quien lo dicte.

Además, cabría preguntarse hacia quién se da ese presunto acto inamistoso. ¿Hacia el Estado español? ¿Por qué? Estas empresas son empresas privadas que tendrán los cauces y procedimientos legalmente establecidos para plantear sus pretensiones. España vuelve a mostrar con esta actitud su verdadera «marca», harto conocida por esos y estos lares. Vuelve a mostrar ese carácter rancio y caduco reflejado en el «por qué no te callas».

Desde Amaiur creemos necesario que el pueblo vasco, sus instituciones, agentes económicos, sociales y políticos no queden identificados con esas actitudes nefastas. Urge trabajar desde todos los ámbitos para no quedar atrapados por esa «marca España» que tanto marca y para nada bueno. Es necesario construir una política diplomática propia desde las instituciones, agentes políticos, económicos y sociales que busque un modelo diferente de relaciones con los países de los cinco continentes, que desde la horizontalidad, la humildad y el respeto sirva para los intereses de nuestro pueblo sin detrimento de los intereses de los demás pueblos. Que busque sinergias y beneficios mutuos. Una política que sirva para el avance de nuestros pueblos, hombres y mujeres en general. No el de unos pocos en particular. Deseamos dejar bien claro que el Gobierno boliviano tiene todo nuestro apoyo y reconocimiento en la labor por retomar el control de sus recursos naturales y servicios públicos estratégicos. Y toda nuestra solidaridad. Trabajemos por que los lazos de amistad y prosperidad se edifiquen bajo principios de igualdad, justicia y buen vivir.