«Sentiríamos un alivio si juzgaran a Álvaro Uribe por sus delitos»
Las Madres de Soacha es un colectivo de mujeres unidas por la desgracia de haber perdido a sus hijos a manos del Ejército, que los hizo pasar por guerrilleros. En Colombia les llaman «falsos positivos». Hace unos días estuvieron en Barcelona para recibir el premio Constructores de la Paz 2012.
Beñat ZALDUA | BARCELONA
«Le dije que venía por Jaime Steven Valencia Sanabria y me dijo que daba lo mismo, que era uno de los guerrilleros esos. Yo le dije que no, que mi hijo había sido asesinado, y él me contestó que murió el 8 de febrero en un enfrentamiento con el Ejército. Si mi hijo fue desaparecido el 6 de febrero y asesinado el 8 de febrero, ¿qué tiempo tuvo para ser guerrillero?».
Quien habla es María Sanabria, que relata la conversación con un fiscal después de que el cuerpo de su hijo apareciese en una fosa común en noviembre de 2008. Llevaba nueve meses buscando a su hijo, que había desaparecido de Soacha -cerca de Bogotá, capital colombiana- en febrero. Tenía 16 años. Solo entonces supo María que a su hijo lo habían secuestrado para venderlo por 200.000 pesos -unos 83 euros- al Ejército, que lo mató y lo hizo pasar por guerrillero muerto en combate.
No es la única madre colombiana a la que le ha ocurrido lo mismo. Solo en Soacha se han dado 19 casos, cuyas familias se han reunido en torno a las Madres de Soacha. Su labor de investigación y denuncia consiguió en aquel 2008 destapar el escándalo de los «falsos positivos» del Ejército colombiano, que hacía pasar por guerrilleros muertos en combate a campesinos y jóvenes de barrios desfavorecidos -previamente secuestrados-, engordando así los éxitos del Éjercito en la lucha contra las FARC y el ELN, y permitiendo a los soldados responsables disfrutar de los beneficios que el Estado colombiano ofrece por cada supuesto guerrillero muerto. Hay más de 3.500 casos denunciados.
El Institut Catalá Internacional per la Pau (ICIP) les otorgó el Premio Constructores de la Paz 2012, que dos de las madres, María Sanabria y Luz Marina Bernal, recogieron el pasado lunes en el Parlament de Catalunya.
Bernal perdió el rastro de su hijo Fair Leonardo -de 26 años y con discapacidad mental- en las mismas fechas. Ante la falta de colaboración de las autoridades explica que se vio «obligada a realizar una búsqueda personal sin resultados de ninguna índole». No fue hasta seis meses más tarde que le comunicaron, a ella y a otras madres, que su hijo había fallecido en un combate con el Ejército y que estaba enterrado en Ocaña, «a 18 horas de su casa», tal y como recuerda.
«Los muchachos de Soacha no fueron allí precisamente a buscar café», declaró el entonces presidente, Álvaro Uribe. Una frase grabada a fuego en la memoria de las Madres de Soacha, que según recuerda Bernal, las empujó a «reunirse, generar presión para conocer la verdad y luchar por el buen nombre de nuestros hijos». Y en esa lucha empiezan a llegar, en 2009, las amenazas de todo tipo, llegando a una crueldad difícil de imaginar. «Mamita, te quiero mucho, atentamente, cadáver Jaime», fue el sms que María Sanabria recibió hace unos meses. «También hay una madre que perdió a un segundo hijo», recuerda Luz marina Bernal. Estaba investigando la ejecución de su hermano y lo ejecutaron de tres balazos en la cara.
Es por eso que entienden las campañas de solidaridad internacional también como un mecanismo de protección. «Si llega a pasarnos algo a las Madres de Soacha, que sepa todo el mundo que señalamos directamente al Gobierno y al Ejército», advierte Bernal, que denuncia que «el Gobierno pone trabas a los voluntarios que quieren venir a estar allí con nosotras».
Respecto a lo que reclaman, muy sencillo sobre el papel, pero muy difícil en la práctica, sobre todo en un país como Colombia. «Que se sepa la verdad, que se haga justicia y que reconozcan que se equivocaron, que allí se cometió un crimen de lesa humanidad», resume Bernal. «Sentiríamos como un alivio si juzgaran a Uribe por los delitos que ha cometido», añade Sanabria. Y junto a él a los principales responsables militares, ahora protegidos por el fuero militar -de hecho, solo seis militares han sido condenados por los «falsos positivos», y con amplios beneficios penitenciarios-.
Podría ser que las negociaciones de paz diesen pie a cumplir con las reclamaciones de las Madres de Soacha, aunque ellas lo observan con bastante escepticismo. «Estamos viendo cómo las violaciones a los derechos humanos continúan», explica María Sanabria, quien, sin embargo, no pierde la esperanza: «Ojalá el proceso sea verdadero y nuestras generaciones futuras puedan vivir en un país digno, sin temor».
«Aquí no cuenta el dinero ni nada de eso, las familias tenemos dignidad y lo que queremos es la verdad sobre el asesinato de nuestros hijos»
«Si llega a pasarnos algo a las Madres de Soacha, que sepa todo el mundo que señalamos al Gobierno y al Ejército como responsables»