Manifestación por los derechos de los presos
Herrira demanda una dinámica efectiva por los derechos humanos
En la marcha de Bilbo se exigió a Madrid y París que pongan fin a «las medidas de excepción» y descarten la actual política penitenciaria
Agustín GOIKOETXEA | BILBO
En una tarde lluviosa, miles de personas acudieron ayer a Bilbo para volver a reivindicar un cambio radical en la política penitenciaria que los ejecutivos francés y español aplican a los presos políticos vascos.
En la movilización estuvo muy presente la muerte hace una semana en el hospital parisino de Petriere del basauritarra Xabier López Peña y poco tiempo antes de Anjel Figueroa en su domicilio de Getxo, donde cumplía prisión atenuada por la grave enfermedad que padecía.
A pesar de las inclemencias meteorológicas, según el recuento efectuado por GARA fueron 12.000 las personas que respondieron a la movilización convocada por Herrira a raíz del fallecimiento del prisionero de Basauri. En unas calles casi desiertas, la movilización llamó la atención de las pocas personas que transitaban por las céntricas calles de la capital vizcaina en una tarde lluviosa.
La marcha partió a las 17.40 de la plaza de La Casilla, encabezada por tres grandes paneles en los que se exigía la derogación de la doctrina 197/2006, la libertad para la quincena de presos con enfermedades graves y la repatriación de los prisioneros.
Los murales fueron portados, entre otros, por el expreso irundarra José Ramon Rojo, la compañera de Iñaki Erro, el hermano de Gotzone López de Luzuriaga, la madre de Ibon Fernández Iradi y un vecino de Usansolo que sufrió recientemente un grave accidente de tráfico cuando regresaba de visitar en la cárcel a Jabi Martínez.
Al poco de enfilar la pancarta con el lema ``Berriro gerta ez dadin. Salbuespen neurriak eten. Giza eskubideak. Irtenbidea. Bakea'' por la calle Autonomía, comenzaron a corearse consignas como ``euskal presoak etxera'', ``amnistia osoa'', ``herriak ez du barkatuko'', ``jo ta ke irabazi arte'' y ``borroka da bide bakarra''. Entre quienes la portaban se encontraban dos hermanos de Xabier López Peña, lo que incrementó los aplausos y gritos de recuerdo a la última víctima de la vigente política carcelaria.
Paso a paso, la marea de paraguas enfiló Autonomía, Zabalburu y Hurtado Amezaga, donde varias personas portaban una pancarta exigiendo justicia para el caso de Iñigo Cabacas y el fin de la violencia policial, que fueron saludados por aplausos y consignas recordando al joven muerto por el disparo de una pelota de goma en la cabeza. De ahí, la marcha transitó por la plaza Circular, calle Buenos Aires para adentrarse hasta la plaza Ernesto Erkoreka, frente al Consistorio bilbaino.
«Calor y solidaridad»
Las primeras palabras de Fran Balda fueron para transmitir «calor y solidaridad» hacia las familias y entornos de Xabier López Peña y Anjel Figueroa, extendiendo el abrazo hacia las personas que efectuaban ayer desplazamientos de miles de kilómetros en su conjunto a las cárceles o estaban de regreso.
El segundo mensaje fue aún más nítido, al exigir que se pongan los medios para que la política penitenciaria deje de cobrarse vidas y crear desazón en la sociedad vasca, y para ello -enfatizó el portavoz de Herrira en euskara- «es imprescindible terminar de una vez con las medidas de excepción».
Apuntó que los gobiernos español y francés «siguen dando la espalda a la mayoría social». Fiel reflejo es la situación de «emergencia» que se vive con 15 presas y presos con graves enfermedades, dispersadas, sin posibilidad de recibir un tratamiento adecuado, «y en medio de un régimen de excepción que contribuye a agravar su situación». Tampoco se olvidó de los 70 prisioneros a quienes se les ha prolongado la condena.
A partir de ahí retomó el discurso Marian Meaza, quien exigió «el respeto a los derechos humanos, y dar pasos en positivo hacia la resolución y la paz. Porque -añadió en castellano- la actual política penitenciaria no hace más que generar sufrimiento, perpetúa situaciones de conflicto y desprecia la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca de avanzar hacia un escenario de resolución».
Reclamó, con urgencia, terminar con las medidas de excepción, «porque mantenerlas es garantía de consecuencias irreparables. Es lo que hemos visto en este último mes, y lo que ha pasado en los últimos 30 años».
Meaza denunció que la sociedad vasca se enfrenta a «la política del ensañamiento, de la venganza, de la vulneración de los derechos humanos. Es la doctrina del sufrimiento, que no tiene otro fin que castigar a la sociedad vasca y de tratar de bloquear el camino hacia la resolución y la paz».
A su vez, Balda reiteró que «una amplísima mayoría» social exige cambios en la política carcelaria, «desactivar estas medidas de excepción, que son fuente inagotable de vulneraciones de derechos, sufrimiento y consecuencias trágicas e irreparables». De ahí que Herrira estima «fundamental» seguir extendiendo la demanda del cambio de esa política «a cada vez más ámbitos de la vida social, hasta empaparla por completo. Un empeño -confesó Meaza- en el que no vamos a cejar y para el que es fundamental articular nuevas iniciativas con cada vez más y más agentes, personas e instituciones».
Redoblar esfuerzos
«La mayoría social existente debe de convertirse en un clamor que obligue a los gobiernos a cambiar de actitud. Es hora -dijo a las miles de personas que le oían- de dar un paso adelante y redoblar esfuerzos por parte de todos y todas, porque el reto es poner en marcha una dinámica que sea efectiva en la defensa de los derechos humanos y de la voluntad mayoritaria de este país».
A ahondar en el significado de ese mensaje se sumó Fran Balda, quien remarcó que en ese camino, «pueblo a pueblo, barrio a barrio y en nuestras capitales, debemos de ser capaces de generar una imparable ola social que desborde las medidas de excepción y convierta la política penitenciaria en una cruel imagen del pasado». Con ese objetivo, invitaron a la ciudadanía a participar en las más de 200 movilizaciones que se realizarán el 18 de mayo.
Insistió el portavoz de Herrira en la necesidad de la implicación personal de cada ciudadano vasco. «Os animanos a aportar vuestro granito de arena, a trabajar codo con codo, para desbloquear de una vez la situación y construir un escenario en el que todos seamos ganadores. Un escenario -precisó- donde se respeten los derechos humanos, sin más sufrimiento ni muertes, y donde se dé una oportunidad a la resolución y la paz. Los vamos a conseguir». Sus últimas palabras, tras escuchar al grupo Pentatokix, fueron para López Peña y Figueroa.
La Ertzaintza identificó ayer al mediodía a ocho personas en la Parte Vieja de Donostia. Primero a quienes pegaban carteles de Sortu contra el juicio que se va a seguir próximamente contra quince jóvenes de la capital guipuzcoana y, posteriormente, a vecinos que participaban en la concentración semanal de Herrira en la Betxa en solidaridad con los represaliados.
En torno a las 11.30 se produjo la primera actuación de los policías autonómicos, que quitaron los carteles e identificaron a cuatro personas que los pegaban. Sobre las 13.00, en la Bretxa, volvieron a identificar a otros cuatro vecinos, al tiempo que procedían a requisar, «de malas formas», las fotos de los represaliados. Una mujer cayó al suelo al ser zarandeada por los agentes.
Por otro lado, el viernes, en la prisión zaragozana de Zuera, los presos vascos efectuaron un ayuno solidario a raíz de la muerte de Anjel Figueroa y Xabier López Peña. GARA
«Es tiempo de soluciones y Xabier debe ser la última víctima de la política penitenciaria criminal», manifestó la portavoz de Sortu, Maribi Ugarteburu, poco minutos antes de arrancar la marcha de Bilbo, en la que participó una nutrida representación de ese partido como Hasier Arraiz, Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Marisa Alejandro, Jone Goirizelaia y Niko Moreno, entre otros.
Ugarteburu, que trasladó «solidaridad y afecto» hacia la familia del preso basauritarra, denunció el trato al que han sido sometidos los allegados de López Peña. «Han sido sometidos a una total falta de información, falta de transparencia, falta de trato humano desde el primer momento y, aún hoy, cuando el cuerpo de esta persona no ha llegado a su lugar de origen», declaró a los medios de comunicación.
Para Sortu, la familia López Peña es una más de las que han vivido y están viviendo los efectos de la política carcelaria impuesta por Madrid y París. «Una ruleta rusa macabra de la que están haciendo uso el Estado español y francés mediante el mantenimiento de una política penitenciaria que salta toda la normativa internacional en cuanto a derechos humanos», resaltó.
El secretario general de EA, Pello Urizar, denunció que primen «los intereses políticos» por encima de los derechos humanos, con el objetivo de «entorpecer» la resolución del conflicto. «No vamos a admitir que haya derechos humanos de primera y de segunda y vendremos hoy y todas las veces que haga falta porque Euskal Herria y la sociedad sabe que el objetivo es superar el conflicto respetando todos los derechos humanos», señaló Urizar, acompañado de otros dirigentes de EA como Unai Ziarreta.
Desde Aralar, Rebeka Ubera insistió en el mensaje de que los presos y sus familiares deben de dejar de ser un «arma política» y que debe de darse un «respeto de todos los derechos humanos para todas las personas con igualdad».
Oskar Matute, portavoz de Alternatiba, subrayó que «es imposible pensar en cualquier proceso de paz que no arranque del respeto escrupuloso de los derechos humanos, incluidos los de los presos». «Mientras asistimos y vemos como uno de los agentes interpelados, que era ETA, respeta la palabra dada de no vulneración de los derechos humanos, tenemos que asistir desgraciadamente a la vulneración de los derechos humanos de los presos vascos», añadió. A.G.
