El Gobierno luso considera en riesgo el país tras el fallo del Constitucional
El Ejecutivo portugués advirtió ayer de que la decisión del Tribunal Constitucional de anular y declarar ilegales algunas medidas de ajuste aprobadas para cumplir las exigencias del rescate internacional y aprobadas en sus Presupuestos para 2013 coloca «en riesgo» al país al poner en duda su «credibilidad externa». La sentencia de los jueces ha puesto en un grave compromiso al Gobierno de Passos Coelho, que deberá buscar nuevas alternativas de ahorro.
GARA | LISBOA
El primer ministro conservador, Passos Coelho, decidió ayer además solicitar una reunión «de urgencia» con el jefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva para obtener «una rápida clarificación del Estado sobre relevantes aspectos puestos en causa por la sentencia».
Después de una reunión del Consejo de Ministros que duró más de tres horas, el secretario de Estado Luís Marques Guedes, anunció en una declaración sin derecho a preguntas que el Ejecutivo no está de acuerdo pero «acata» la decisión del Constitucional, aunque recalcó que tendrá consecuencias negativas.
El portavoz del Ejecutivo subrayó que, además de los efectos en los presupuestos de 2013 -en los que supone unos mil millones de euros- la sentencia cuestiona la credibilidad «conquistada por el esfuerzo de los portugueses» ante sus socios y acreedores internacionales.
En su opinión, la sentencia perjudica los esfuerzos de Portugal para lograr en la reunión que los ministros de Economía y Finanzas europeos celebran la próxima semana en Dublín el apoyo de sus socios para alargar el plazo de los préstamos concedidos al país, algo por el que el Gobierno «tanto ha luchado».
Ese aplazamiento, dijo Marques Guedes, es «esencial» en la estrategia para cerrar con éxito el programa de asistencia financiera en 2014, tal y como estaba previsto en el rescate financiero que el país pidió hace dos años.
Pagas extras y subsidios
Entre las medidas declaradas inconstitucionales y discriminatorias en la sentencia del Tribunal Constitucional están la suspensión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas, y el recorte de subsidios de desempleo (6%) y enfermedad (5%).
Este fallo del alto tribunal luso es el segundo que descalifica las medidas de ahorro del Ejecutivo conservador, ya que el pasado julio los magistrados consideraron discriminatoria la suspensión de las pagas extras a funcionarios y pensionistas y no al sector privado, pero no impidieron que la medida se aplicara ese año por la situación financiera del país.
Dicho fallo fue visto por el mercado como una amenaza para la credibilidad de las finanzas lusas y sirvió de excusa para que la izquierda solicitara la renuncia del jefe del Gobierno, que ha visto cómo esta semana también ha dimitido su ministro de confianza, Miguel Relvas.
El 16 de mayo de 2011, Portugal, a cambio de un duro plan de recortes, recibió una ayuda financiera de 78.000 millones de euros (52.000 millones aportados por la UE y los otros 26.000 por el FMI) en tramos hasta 2014. El rescate también incluía una partida de 12.000 millones para hacer frente a «eventuales necesidades de capitalización» de la banca, que al final recibió dicha ayuda en diciembre.
El Gobierno británico aplica desde ayer una rebaja del 50 al 45% del impuesto sobre la renta para las personas con ingresos a partir de 150.000 libras (unos 175.000 euros), como parte de su política para combatir la crisis.
Las negociaciones entre el Gobierno de Grecia y la troika avanzan con dificultad, debido a las diferencias entre los planes de los acreedores internacionales y el Ministerio de Reforma Administrativa griego sobre el despido de funcionarios.
La reunión entre el ministro de Finanzas griego, Yannis Sturnaras, y los jefes de misión de la troika prevista para ayer fue aplazada sine die a causa de estas diferencias y para que ambas partes puedan preparar la cita que mantendrán hoy los delegados de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional con el primer ministro, Andonis Samarás.
La troika exige que durante este año la plantilla de funcionarios se vea reducida en 25.000 plazas y que los cerca de un millar de funcionarios que se enfrentan a acciones disciplinarias sean automáticamente suspendidos de su empleo antes de junio. Sin embargo, el ministro griego de Reforma Administrativa, el jurista Andonis Manitakis, no habría incluido esta última exigencia en su propuesta, alegando que los despidos deben hacerse de acuerdo a la ley nacional
Según el diario "Ethnos", las relaciones entre Manitakis y la troika han sido tensas desde la última visita de la delegación internacional el pasado marzo, cuando este asunto también quedó sin resolver. GARA
