Hay al menos dos teléfonos que tienen que haber ardido estos últimos días: el del juez José Castro, que instruye el caso Noós, y el del líder norcoreano, Kim Yong-un.

Que «la justicia (española) es igual para todos» ha quedado meridianamente claro con la reacción de «sorpresa» de la Casa Real tras la imputación de la infanta Cristina, secundada ipso facto con el recurso interpuesto por el fiscal anticorrupción.

Con la aceptación del recurso por parte del togado, los defensores de la enterrada «Marca España» han conseguido, de momento, retrasar la comparecencia de la imputada ante el juez el próximo día 27. El marrón lo tiene ahora la Audiencia Provincial de Palma, a la que el Gobierno ha encomendado la ímproba tarea de desafiar al sentido común retirando la imputación a la esposa, también en los negocios, de Iñaki Urdangarín.

Otro que anda atareado es el nieto del fundador de la República Popular Democrática de Corea. Los chinos y los rusos le habrán insistido una y otra vez que ya está, que su mensaje está clarísimo después de su cascada de amenazas. El problema, acaso, es que sigue esperando la llamada con el prefijo de EEUU que, en cambio, sigue provocándole con maniobras militares y restregándole a la cara (desde el sur del Paralelo 38) su músculo militar.

El juez Castro podrá decir en cualquier caso que él ya hizo lo que tenía que hacer. Seguro que Kim Jong-un no quiere hacer lo que ha dicho que va a hacer. El juez tiene la coartada del fiscal. El líder norcoreano no tiene colchón. EEUU no se lo pone, a ver si cae. El problema es que puede que no lo hiciera solo. Y ahí está el peligro.