La partida para ayudas a la excedencia tras tener un hijo en 2011 o 2012 ascendía inicialmente a 2,23 millones de euros, pero los recortes aplicados por el Gobierno de Yolanda Barcina la redujeron en 756.000 euros en el tijeretazo del pasado mes de octubre, en pleno proceso de presentar solicitudes, que se inició el 26 de junio y concluyó el 31 de diciembre. Se estimaba que unas 800 familias podrían optar a estas ayudas.

La decisión del Departamento de Políticas Sociales que dirige el consejero Íñigo Alli fue entregar las ayudas por orden de solicitud, hasta que se acabase la partida asignada. El problema, según explica Laura Criado, portavoz de la plataforma que agrupa a un centenar de las familias afectadas, es que el Gobierno navarro siguió recogiendo solicitudes cuando era consciente de que no iba a tener dinero para atender esas peticiones. Y todo ello, sin informar a las familias solicitantes.

La situación se complicó aún más por el retraso del Gobierno navarro en responder a las solicitudes de ayuda. Es el caso de Criado, que presentó la documentación en agosto del año pasado y hasta febrero de 2013 no recibió la denegación por parte del Departamento de Políticas Sociales. En todo este periodo no recibió ninguna notificación de que existían problemas para que pudiera cobrar la ayuda anunciada por el Gobierno.

En este sentido, recuerda que en la convocatoria de ayudas no se mencionaba que las mismas estaban condicionadas a la partida asignada y que cuando se acabase el dinero, se dejaría de entregar ayudas.

Junto a ello, Criado destaca que, ante la falta de noticias sobre sus solicitudes de ayudas y la constatación de que no estaban recibiendo el dinero prometido, se reunieron en noviembre con Teresa Nagore, directora del Instituto para la Igualdad y Familia, que les reconoció abiertamente que no había dinero para las ayudas. Curiosamente, a partir de la celebración de esa reunión, el Gobierno comenzó a notificar denegaciones. Hasta ese momento, el mutismo era total y absoluto. Sin embargo, pese al reconocimiento por parte de Nagore de que no había dinero para esas ayudas, el Gobierno navarro siguió recogiendo solicitudes. «El argumento era que era una convocatoria que estaba en marcha y que no se podía anular sin más. Pero no tiene ningún sentido que sigan recogiendo solicitudes cuando sabían que no iban a dar esas ayudas y además no se informe de ello a quienes las presentaban», destaca Criado.

Todo se complicó aún más cuando el Gobierno optó por entregar las ayudas por orden de presentación de la solicitud. Es decir, todos aquellos que presentaron la suya cuando ya se había agotado la partida realizaron un trámite sin sentido ante una Administración que dedicaba recursos a algo que ya no existía.

Los afectados han recurrido a todas las instancias posibles para exponer su caso y han conseguido importantes reconocimientos. Han recibido el apoyo Parlamento navarro, donde por unanimidad (UPN incluido) se aprobó una resolución en la que se instaba al Gobierno a abonar estas ayudas. También el Defensor del Pueblo les ha dado la razón. Pero el Gobierno navarro sigue en sus trece y dice que no tiene dinero para pagar lo que prometió y se escuda en que tanto las resoluciones del Parlamento como las recomendaciones del Defensor del Pueblo no son vinculantes.

Curiosamente, en vísperas de su comparecencia ante la comisión de Políticas Sociales del Parlamento, Alli, que hasta entonces les había evitado, les citó a una reunión. «La sensación que tenemos es que nos recibió para que no pudiéramos decir en el Parlamento al día siguiente que no habíamos tenido contacto con él», señala Criado.

La reunión con Alli fue más de lo mismo. El único argumento que empleó para justificar la no entrega de las ayudas era que no había dinero. Los afectados le emplazaron a destinar los fondos suplementarios que el Gobierno reconoció haber logrado por la lucha contra el fraude fiscal a estas ayudas. Estiman que serían necesarios un millón de euros. La respuesta de Alli fue que eso no era posible técnicamente.

El enfado de los afectados fue un aumento al descubrir que el Departamento de Políticas Sociales va a destinar diez millones de euros al faraónico pabellón Reyno Arena -cuyo uso futuro se desconoce- y no tiene un millón para ayudas a la familia, «siendo UPN un partido que dice una y mil veces defender la familia. Hasta el PP se lo recordó en el Parlamento». «A nosotros nos dice que el Reyno Arena era un compromiso que había que cumplir aunque si fuera por él lo demolería. Al día siguiente vimos en la prensa que decía que garantizaba que lo iban a hacer», explica Criado.

Alli, según relata Criado, les llegó a enseñar fotos de niños de África para decirles que hay gente que lo pasa peor y que también han tenido que reducir la ayuda a la cooperación. «¿Pero qué vamos a esperar de la persona que organizaba los viajes en helicópteros de la CAN?», lamenta esta madre que dejó su trabajo y de cobrar su sueldo y tampoco recibió la ayuda prometida.