En el momento actual, es casi imposible desligar la Política Industrial Europea del conjunto de las políticas anticrisis desarrolladas en la Unión Europea. Parece evidente que la situación actual de la industria europea está directamente relacionada con la caída de demanda y las dificultades de acceso a la financiación derivadas de la crisis y ambos fenómenos tienen relación directa con las políticas presupuestarias, bancarias y monetarias.

En este sentido, parece claro que la evolución de nuestro sector productivo durante estos cinco años de crisis -y las sustanciales diferencias que al respecto se producen entre unos y otros países- tiene una relación directa con las políticas abordadas por cada Estado y en el conjunto de la UE.

Las políticas de crecimiento y de austeridad presupuestaria, la política fiscal, la política monetaria y la política bancaria inciden de forma directa en la situación a corto plazo de nuestra industria y todo hace prever que va a seguir siendo así.

De ahí que no sea posible impulsar la industria europea, como la Comisión Europea (CE) proclama, definir el objetivo de que para el 2020 la industria alcance el 20% del PIB europeo y, a continuación, plantear exclusivamente políticas y estrategias transversales o institucionales que tienen una profunda lógica desde la perspectiva de la política industrial si entendemos ésta en un sentido estricto, pero son de poca utilidad en este momento para conseguir resultados positivos.

Una política industrial comprometida exige en este momento, como presupuesto básico, defender a la industria europea en el conjunto de las políticas anticrisis que están siendo y van a ser determinantes en los próximos años. En primer lugar, es necesario defender a la industria en las políticas bancarias. Si finalmente se avanza en la sustitución de las estrategias de rescate (bail-out) por las estrategias de reestructuración interna (bail-in) en las crisis bancarias, ello puede ser -en sí mismo- una buena noticia para la industria. Si esta tendencia se confirma, es necesario asegurar que en estos procesos de reestructuración interna los costes se repercuten sobre los inversores financieros y no sobre los grandes depósitos, lo que podría hacer un gran daño a las pymes.

Es necesario defender a la industria también en la política monetaria de la UE. Se está hablando mucho de políticas monetarias restrictivas o expansivas pero muy poco de hacia dónde se dirigen los recursos financieros generados por estas políticas. No es en absoluto lo mismo que estos recursos se dirijan al sector bancario o a financiar de forma genérica los presupuestos públicos -como plantea la nueva estrategia de Japón- o bien que se dirijan hacia inversiones productivas.

En este momento es esencial defender a la industria en las políticas presupuestarias de la Unión y -sobre todo- de los Estados miembros. Las estrategias de austeridad tienen un efecto dramático para la actividad industrial. Pero no es lo mismo una estrategia de austeridad dirigida al saneamiento de la actividad pública que una estrategia de austeridad destinada a generar recursos para el sector bancario, intentando compensar los costes de los rescates de bancos en crisis. Las primeras estrategias de austeridad, aunque sean perjudiciales a corto plazo para la industria, pueden ser beneficiosas a medio o largo plazo. Las segundas -en nuestra opinión- son claramente perjudiciales para la industria.

En conjunto, lo cierto es que es imposible en este momento desligar la evolución de la industria de las variables macroeconómicas que trascienden lo que habitualmente se considera como política industrial. Es comprensible que la CE -o, mejor dicho, las áreas de la CE responsables directas de la política industrial- no se sientan legitimadas para afrontar este tipo de políticas.

Las políticas monetarias, bancarias y presupuestarias están siendo lideradas fundamentalmente por el BCE, el Consejo Europeo o los Estados miembros, con alguna intervención de la CE o del Parlamento Europeo. En este contexto, es comprensible que los documentos sobre política industrial elaborados por la CE eviten definir políticas en estos ámbitos.

No obstante, sería de gran relevancia que dichos documentos al menos dejaran constancia de esta realidad, transmitiendo claramente cómo la política industrial entendida en un sentido estricto no puede abordar por sí misma los grandes retos actuales de la industria europea y que son las políticas bancaria, monetaria y presupuestaria las que están definiendo en este momento el futuro de nuestras empresas y de nuestro tejido productivo.

De lo contrario, puede transmitirse la impresión de que nuestras instituciones no están correctamente posicionadas ante la crisis o de que viven excesivamente alejadas de los problemas reales de nuestra industria.

Pero, fundamentalmente, es necesario que alguien asuma de forma más rotunda y clara la defensa del sector productivo de la economía europea en estas políticas anticrisis no estrictamente industriales. Alguien tiene que defender a nuestra industria en el Consejo Europeo, en el BCE, de forma clara y con responsabilidades directamente asumidas, por encima de las actuales dialécticas de poder entre Estados.

Si se continúa, como hasta ahora, priorizando la economía financiera sobre la real en la creación de dinero o en los rescates de gobiernos o de entidades financieras, no sería malo que algún organismo europeo asumiera la responsabilidad de dejar claro de forma pública y sistemática lo que ha sucedido y que, por unas u otras razones, la industria europea ha sido, una vez más, sacrificada frente a los intereses de las grandes entidades financieras.