El Gobierno luso tiene ya entre manos una nueva lista de medidas de austeridad con la que espera convencer hoy a la troika de que puede cumplir los compromisos del rescate, aunque a costa de elevar aún más la respuesta social. Con ello, el primer ministro, Pedro Passos Coelho, pretende recibir el visto bueno para contar con siete años más para pagar el rescate.

Recortes en el funcionamiento diario de ministerios y servicios públicos, menores gastos educativos, sanitarios y de subsidios sociales o nuevas cargas para pensionistas están entre las medidas, reveladas a medias por el Gobierno y la prensa, que han desatado nuevas protestas este fin de semana en la calle y en la oposición. El sábado miles de personas salieron a la calle convocadas por el sindicato mayoritario, la CGTP, bajo el lema «Marcha contra el empobrecimiento».

En un tiempo récord, en apenas una semana, y tras la sentencia del Tribunal Constitucional que invalida medidas de austeridad por 1.300 millones de euros, Passos Coelho ha diseñado una estrategia para cuadrar sus presupuestos, que recibieron el viernes el aprobado de los ministros europeos de Economía y Finanzas.

No obstante, dicho acuerdo quedó supeditado a la evaluación extraordinaria sobre la marcha del programa económico que inician hoy los técnicos de la troika, formada por el FMI, la Comisión Europea y la CE.

Rechazo social

Los dos grandes sindicatos del país, el comunista CGTP y el socialista UGT, han advertido también al Ejecutivo de las consecuencias que tendrá una nueva andanada de recortes en un país que consideran ya «empobrecido más allá de sus limites de recuperación a medio plazo».

La CGTP ha organizado ya tres huelgas generales contra los recortes de Passos Coelho y anima a seguir con las protestas durante la visita de la troika.

La más moderada UGT amenaza con romper el frágil consenso mantenido hasta ahora con el Gobierno sobre salarios, pensiones y política laboral si se amplia la edad de jubilación y se hace contribuir a la Seguridad Social a los pensionistas, dos de las medidas que los medios atribuyen a la nueva batería de ajustes para un país que se precipita a una caída del 2,6% del PIB y una tasa de paro del 18%, el nivel más alto conocido.