Hoy 17 de abril, Día Internacional de las Presas y Presos Políticos, internos de cuatro cárceles de alta y mediana seguridad en Colombia, llevan adelantando un Movimiento Nacional Carcelario hace una semana, en defensa de los derechos de todas las personas privadas de la libertad en ese país, y piden a defensores de derechos humanos colombianos en el País Vasco y Europa que den a conocer sus razones. Con carácter indefinido, iniciaron una vez más unas jornadas de desobediencia pacífica, suspensión de actividades y huelga de hambre en algunos casos, en vista de que desde años atrás vienen desarrollando protestas igualmente pacíficas sin ningún resultado, sino que, al contrario, el Estado sigue agudizando las herramientas represivas de manera sistemática.

No cesan los maltratos a la visita, mujeres y niños se han visto afectados por el uso de gases lacrimógenos; se practican tactos degradantes incluso a niñas; les hacen falsos positivos caninos (consiste en impregnar con drogas los cuerpos de los y las visitantes, para que al ser detectadas por los perros se retenga su entrada); lentitud en los registros, reduciendo a la mitad el de por sí corto tiempo de visita; sitios humillantes e indignos para los encuentros conyugales, ni siquiera una colchoneta en los dormitorios; existen medidas fascistas de control, como el caso del NUI, número único de identificación en consignaciones, cuyas bases de datos violan los derechos de los familiares.

El Inpec (Instituto Nacional Penitenciario) no garantiza los mínimos vitales en pabellones que pueden ser peores que Guantánamo, el palo y el gas siguen siendo una de las principales medidas de respuesta a los conflictos para quebrantar resistencias; vuelven las requisas con cuclillas al desnudo y tactos genitales; sigue la falta de atención profesional de quienes padecen trastornos mentales, sumado a la negligencia de jueces de asignarlos a centros adecuados, por ello, a diario son internos que se autoagreden con objetos cortantes, se encienden fuego en las celdas o se cuelgan de las estructuras.

Cada una de estas penitenciarías tiene sus propias exigencias y motivos particulares, pero todas coinciden en las mismas reivindicaciones ante el Estado, que tiene la responsabilidad de tutelar los derechos de los presos, los cuales se resumen en los siguientes puntos:

1- Ante la grave crisis humanitaria dentro de las cárceles, que incluye tratos degradantes, tanto por las distintas formas de desatención y aniquilamiento de la dignidad como por las extralimitaciones en la fuerza por parte de los cuerpos de custodia, manifiestan que su protesta persigue exigir al Gobierno que no siga eludiendo la solución a estos graves problemas, y se declare la emergencia carcelaria y la instalación de una mesa nacional de concertación, con la participación de los voceros de la población reclusa.

2- Salud: es quizá el aspecto más precario por falta de medicamentos, de atención especializada. Las urgencias quedan al capricho del pabellonero. Se pide servicio médico para el 100% de la población las 24 horas del día los siete días de la semana. En cuanto al agua, hay una gran desidia administrativa en garantizar sistemas hidrosanitarios. También exigen una mejora radical en la calidad, cantidad y presentación de los alimentos.

3- En cuanto a las comunicaciones, se pide disponer de teléfonos en los patios, o poder tener un simple transistor, así como el acercamiento familiar y procesal, una política en que los internos sean trasladados a las regiones de origen o de su núcleo familiar. Y, por otro lado, evitar trabas administrativas para hacer efectivos los descuentos en las condenas o facilitar la entrada de materiales de trabajo que se puedan adquirir en los expendios para una mayor producción en los talleres: la reinserción social y el plan ocupacional siguen siendo ficticios con aulas y talleres virtuales, así como compromisos serios para descongestionar los patios de sindicados y de mediana seguridad y al mismo tiempo evitar extender el hacinamiento a los de alta seguridad.

4- Rebaja del 20% de la pena, subrogados penales y beneficios administrativos a todas las personas privadas de libertad por su participación en la búsqueda de soluciones por ser las mejores conocedoras de la problemática carcelaria, y en las reformas a la política criminal del Estado contenida en la ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario); no a la extradición de colombianos ni privatización de las cárceles colombianas que existen no solo como instrumento represivo para el pueblo, sino como negocio lucrativo, que explica que cualquier intento de solución se condiciona a futuros contratos para la construcción de más torres carcelarias.

5- Diálogos de paz: partiendo de que la inmensa mayoría de personas privadas de libertad están a raíz de los conflictos que vive la sociedad colombiana, solicitan que en las negociaciones de paz de La Habana se incluyan salidas a la problemática carcelaria del país; manifiestan que desde el encierro se suman a la marcha de Colombia por la Paz con Justicia Social, ya que «La Paz también pasa por la Libertad de los Presos Políticos» (lema del plantón de mañana en Bogotá por parte de los familiares), pues el delito cometido es el de haber luchado contra la pobreza y la desigualdad generadas por el Estado, la gran mayoría de forma pacífica, por lo que las cárceles están llenas de luchadores comunitarios de extracción humilde y popular.

Finalmente, se informa de que durante la concentración de este viernes en la Plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz por los derechos de las presas y presos políticos vascos habrá un espacio para presentar la realidad carcelaria colombiana, pues la conculcación de los derechos de los presos políticos es un fenómeno que se vive en estos dos y en otros pueblos del mundo, lo que exige la solidaridad internacional.