Tos los 18 de abril se celebra anualmente el Día Internacional de los Monumentos y Sitios; una celebración que fue propuesta por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (International Council on Monuments and Sites, ICOMOS) en 1982 y aprobado por la UNESCO un año más tarde. Su fin es promover la toma de conciencia sobre la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación.

ICOMOS ha elegido como tema para la celebración de este año el «Patrimonio de la educación», una denominación en la que incluye «todo tipo de bien patrimonial que, en el marco de la diversidad cultural mundial, esté relacionado a la educación». Al hilo de ese día, se organizarán jornadas, visitas y todo tipo de actividades. Es un día para la reflexión y discusión, y el consejo lanza una serie de preguntas: ¿Existe un reconocimiento adecuado de los edificios, conjuntos o sitios relacionados con la educación? ¿Se encuentran los bienes relacionados con la educación que poseen valores históricos, artísticos o sociales adecuadamente protegidos y conservados? ¿Se encuentran esos valores adecuadamente interpretados y presentados a la sociedad? ¿Se encuentran los bienes patrimoniales adecuadamente mantenidos y utilizados en el contexto de estándares actuales? ¿Qué se podría hacer para garantizar el buen uso del patrimonio de la educación preservando sus valores? Las autoridades a cargo de la educación ¿cuentan con políticas, obligaciones u otras formas de acción para proteger, conservar y realzar el patrimonio arquitectónico de escuelas, colegios, campus universitarios u otros sitios utilizados para la educación, como por ejemplo planes de manejo patrimonial o comités asesores?

Es evidente que tales propósitos chocan directamente con la actitud de la Diputación Foral de Bizkaia y su, sin duda, oprobiosa intervención en la colonia infantil Nuestra Señora de Begoña, situada en Sukarrieta, en plena reserva de Urdaibai. Una extraña y absurda sentencia de la sección segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, datada en el 20 de febrero y que responde a un recurso del ente foral, faculta aparentemente a esta institución a proseguir con su habitual ímpetu destructivo, en este caso, de la citada colonia.

Es un asunto de suma gravedad, por la calidad del elemento menospreciado y su importancia social y cultural. Los Bienes Culturales calificados e inventariados son un trascendental signo de identidad de un pueblo. Quienes atentan contra los mismos agreden al país, ya que constituyen la esencia espiritual de una comunidad, su legado y riqueza cultural. Lo que la voluntad popular consiguió con la calificación y protección de la colonia como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental en el inventario General del Patrimonio Cultural Vasco (orden de 28 de marzo de 2011 del departamento de Cultura de Eusko Jaurlaritza), no puede pretender derribarlo ese sanedrín de la Diputación de Bizkaia para, con la excusa de construir otro Museo Guggenheim en Urdaibai, favorecer los negocios de esta entidad y simultáneamente, abducidos por la ambición y los intereses especulativos inmobiliarios, propiciar recalificaciones y todos los mecanismos anejos.

La alarma creada por esta sentencia, que valora más un irrelevante error administrativo, de plazos, que un fundamento de trascendental amparo legal hacia lo cultural, puede calificarse como «terrorismo cultural» y tiene unos responsables directos: el diputado general José Luis Bilbao y la diputada de Cultura, Josune Ariztondo. En una administración honesta, sensible y culta, hace tiempo que esta última hubiese sido cesada por su implicación en todas las pérdidas del patrimonio cultural vasco en Bizkaia y, como escasea la decencia política en esta institución, es imprescindible desde una elemental ética sociocultural solicitar su inmediata destitución. Su nefasta gestión revela unas graves carencias y constituye un gravísimo peligro para la salud cultural de Bizkaia y Euskal Herria.

Asimismo, tampoco es de recibo la actitud del alcalde de Sukarrieta, Peru Sainz (PNV), de «recibir con alegría y felicitarse por esta decisión». Con semejante discurso demuestra, además de bajeza intelectual, su rotunda ignorancia cultural en lo que se refiere a la valoración del legado artístico de su municipio y un innato instinto demoledor que haría dudar de su capacidad para dirigir un ayuntamiento.

Es inadmisible este nuevo desprecio a la arquitectura vernácula y la memoria de aquellos brillantes arquitectos vascos que proyectaron y contribuyeron a la creación de un relevante patrimonio arquitectónico. Por todo ello, apelamos a los artistas vascos, personalidades, asociaciones de la cultura y la enseñanza, ecologistas y el pueblo vasco en general, para que se posicionen rotunda y definitivamente en la defensa de una de las creaciones, en sentido, histórico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico, científico y social, más ejemplares de nuestra tierra y admiradas por otros países. La colonia, por esta conjunción de valores, es una magistral creación sociocultural en un entorno natural de altísima calidad al servicio de la educación y el paradigma de la arquitectura neovasca.

Esta sentencia, en su sentido semántico y hermenéutico, además de evidenciar el ridículo de la Diputación de Bizkaia, que es la verdadera instigadora del proceso -y el Ayuntamiento de Sukarrieta, un servil cómplice- obliga al organismo afectado, que es la consejería de Cultura del Gobierno de Gasteiz, a presentar el correspondiente recurso de casación, por una elemental dignidad cultural del país.