Lakua reclamará al Gobierno español la gestión de la ayuda de 400 euros para parados de larga duración y, en el caso de no alcanzar un acuerdo, recurrirá al Tribunal Constitucional, al considerar que esta competencia corresponde a Lanbide y no a la Seguridad Social.

El Ejecutivo autonómico, en la reunión de su Consejo de Gobierno de ayer, autorizó la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 1/2013, al considerar que invade sus competencias.

Este decreto contempla una serie de medidas, conocidas como «Plan Prepara», consistentes en ayudar, durante seis meses, con 400 euros a los parados de larga duración que hayan agotado su prestación por desempleo.

Lakua ha optado por dirimir esta cuestión en la Comisión Bilateral con el Estado, tras lo que se abrirá un plazo de seis meses para negociar los artículos en conflicto.