Jueces de Bilbo suspenden los desahucios de viviendas que estén sin subastar
Los jueces de Bilbo decidieron ayer suspender todos los desahucios de viviendas, salvo los casos que estén en trámite de subasta o de embargo de bienes, mientras que no se apruebe la nueva ley hipotecaria que se está redactando en el Congreso de los Diputados y cuya ponencia dio ayer mismo el visto bueno al borrador elaborado por el Partido Popular, un texto que no contemplaba la dación en pago y que no introduce las propuestas del resto de grupos.
GARA | BILBO
La paralización de los desalojos se aplicará de forma inmediata con el fin de dar respuesta a la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó el pasado mes de marzo en la que cuestionaba la legalidad de la normativa de los desahucios en el Estado español. La medida fue adoptada ayer por la tarde por la Junta de Jueces de Bilbo de primera instancia, según informó el juez decano, Alfonso González Guija.
El juez decano de Bilbo declaró que la decisión puede disgustar a las entidades financieras, pero se ajusta a la postura que fijó el Tribunal de Luxemburgo poniendo en duda la legalidad de la ley española sobre desahucios. «Si Luxemburgo nos dice que actuemos de oficio, que revisemos contratos para ver si hay cláusulas abusivas, que protejamos a los ciudadanos... pues no tiene sentido seguir ordenando ejecuciones hipotecarias hasta que no se promulgue la nueva ley», explicó.
Según González Guija, «no se trata de que los jueces legislen», sino de ajustarse a lo que dicta el Tribunal de la UE a la espera de qué norma apruebe el Congreso. En aquellos casos de desalojos en los que esté en marcha una subasta o se haya notificado el embargo de bienes, puntualizó que será cada juez el que decida si la ejecución hipotecaria sigue adelante.
La actuación de los jueces de Bilbo es un paso más respecto a la medida que comenzaron a aplicar en noviembre, cuando aprobaron un procedimiento para evitar que se llevasen a cabo los desahucios ya señalados en viviendas habituales.
Desde entonces, los jueces estaban citando a los afectados por esos desahucios y estudiaban si podían acogerse a alguna de las medidas urgentes aprobadas en aquellas fechas por el Gobierno español para proteger a los deudores hipotecarios.
González Guija valoró que con el procedimiento que ha regido desde noviembre, «no había tanto motivo para suspender» ejecuciones hipotecarias como sí lo habrá ahora.
Protocolo de Lakua
Por otra parte, el Gobierno de Gasteiz pondrá en marcha la tramitación de un protocolo de colaboración interinstitucional para actuar de forma «conjunta y eficazmente» en casos de desahucios, que podría firmarse en junio, por el que el Lakua se compromete a poner pisos a disposición de las familias «en riesgo de exclusión social» que vayan a ser desahuciadas por que no puedan pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda.
El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, espera que el protocolo sea suscrito por el Consejo General del Poder Judicial, por Eudel y por los departamentos de Empleo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas y Justicia del Gobierno de Gasteiz. Además, insistió en la disposición del Gobierno en «poner viviendas a favor de estas situaciones», tanto en los casos de ejecución hipotecaria como en los casos de rentas de alquiler.
Sin embargo, recordó que la definitiva suscripción del convenio no depende solo del Ejecutivo sino que se trata de un acuerdo con otros dos agentes -el CGPJ y Eudel- que tienen sus procedimiento internos, por lo que para el mes de junio podría estar suscrito. Añadió que este protocolo es «la formula más garantista» para «paliar las consecuencias extremas que los desahucios están generando».
La ponencia del Congreso de Diputados encargada de redactar el proyecto de reforma hipotecaria y para paliar el problema de los desahucios dió ayer el visto bueno al borrador elaborado por el PP, un texto que no contemplaba la dación en pago.
El Ayuntamiento de Iruñea ha elaborado un proyecto de ordenanza para poner pisos a disposición de familias que en los últimos cinco años hayan perdido su vivienda por la crisis económica, en ocasiones como consecuencia de procesos de desahucio.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) cree «proporcionadas» las resoluciones del Gobierno deGasteiz en las que imponía limitaciones para las concentraciones convocadas frente a los domicilios de los diputados del PP José Ignacio Azpiroz y Leopoldo Barreda, aunque cree que establecer un perímetro por parte de la Ertzaintza sería «extralimitarse» en sus funciones.
Además, considera que las concentración ante una vivienda particular «es una perturbación desproporcionada» y debe prevalecer «el derecho a la intimidad personal y familiar».
En la sentencia, hecha pública ayer, el TSJPV desestima los recursos de Stop Desahucios Gipuzkoa y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Bizkaia contra sendas resoluciones de la Ertzaintza que establecían limitaciones a los escraches dirigidos a los dos diputados del PP, al considerar que esta decisión administrativa es «proporcionada». La sentencia afirma que el lugar de la concentración «no es indiferente» y precisa que, «dada la colisión de derechos e intereses constitucionalmente relevantes» que resultan «comprometidos» en el hecho de que se convoque una concentración delante del domicilio particular de un político, cree que debe prevalecer «el derecho a la intimidad personal y familiar de la persona». Añade que existen cauces de participación política que posibilitan la repercusión pública del mensaje reivindicativo, «sin que se comprometan desproporcionadamente otros derechos fundamentales». GARA
