«Ahora es momento de que se pronuncien los militares y que retiren del poder a Nicolás Maduro». Carolina Vázquez, una mujer de unos 50 años, acompañada por su hija, agita la cacerola en uno de los cruces de la avenida Francisco de Miranda, en el este de Caracas. A su lado, varios montones de basura ardiendo forman una barricada. No es la única. Desde el metro Chacao hasta la plaza de Altamira, separados por apenas 700 metros, las pequeñas fogatas se suceden. La carretera está cortada desde las 14.00 horas (20.30 horas en Euskal Herria) y por esta gran arteria apenas cruzan manifestantes y motorizados. La primera de las tres jornadas de protesta convocadas por Henrique Capriles provocó incidentes a lo largo de todo el país. En total, 7 personas murieron y 62 resultaron heridas, según los datos ofrecidos por Luisa Ortega, fiscal general del Estado. Además, sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fueron inccendiadas, así como centros médicos del programa Misión Barrio Adentro, que llevan servicios sanitarios a las zonas más aisladas y que están apoyados por médicos cubanos. Las consignas contra el país caribeño y su revolución son constantes entre los opositores. Y la tensión es creciente, ya que en los próximos días están convocadas diversas caceroladas para mantener la estrategia de tensión.

«Los militares tienen que pronunciarse, y me estoy refiriendo a un golpe de Estado. No tengo confianza en el alto mando, que está controlado por los `enchufados' (término con el que la oposición denomina a los dirigentes chavistas). Tienen que ser oficiales menores», afirmaba Vázquez, cuando pasaban las 19.00 horas (1.30 horas en Euskal Herria). La reivindicación de una intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro no se reducía a esta manifestante. Los llamamientos al golpe de Estado estaban en el ambiente. «Por ahora solo son rumores, pero es algo que se escucha», indicaba otro de los opositores, que no quería ser identificado. Junto a él, tres jóvenes enarbolaban un cartel donde podía leerse: «Obama, Shimon Peres, en Venezuela la democracia ha sufrido un golpe de estado. Need help please». Una alusión directa al apoyo de Estados Unidos e Israel. Las referencias a los uniformados se repetían desde que se conoció el ajustado resultado. «Estabilidad en el país pasa por los cuarteles militares», titulaba el lunes el diario «El Mundo», de tendencia derechista. Incluso Henrique Capriles había incluido el asunto en la agenda apuntando al arresto de uniformados.

«Si tienes a casi la mitad de la población en tu contra es algo que puede ocurrir, es factible», afirmaba Carlos Palacios, participante en la protesta. Junto a él, Luis Solórzano, un ciudadano de origen español que en 2010 se puso en huelga de hambre frente al consulado para protestar por una expropiación. Ambos coincidían en que, pese a que existe la opción de recurrir a soldados afines, es preferible apostar por el «estallido social». De todos modos, no se puede obviar el relevante papel de los militares. Hace once años, Hugo Chávez sufrió un golpe de Estado que lo alejó de Miraflores durante 47 horas y que pudo ser abortado gracias a la movilización popular y la acción de uniformados leales. Ahora, la situación es distinta, ya que desde entonces, el líder bolivariano controlaba las Fuerzas Armadas. Estas, a través de Wilmer Barrientos, jefe del comando estratégico operacional, ya han mostrado su apoyo a Maduro.

Cacerolas en Altamira

«Se nota, se siente, Capriles presidente». Esta era una de las consignas que sonaban con fuerza en Altamira. A medida que se acercaban las 20.00 horas (2.30 horas en Euskal Herria), el tradicional feudo opositor se preparaba para la cacerolada convocada por Capriles. La mayoría de los asistentes eran jóvenes procedentes del este de Caracas, la zona más adinerada. No obstante, la protesta también se coló en algunos barrios populares. Para esa hora ya se habían registrado enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones de la autovía Francisco Fajardo, una de las principales conexiones viales de Caracas. Los choques se produjeron cuando los opositores trataron de cortar la arteria, lo que fue impedido por los agentes, que lanzaron botes de humo para dispersar la protesta. Durante horas, el tira y afloja fue constante. Finalmente, los policías bolivarianos se retiraron y decenas de personas cerraron la vía.

Con la calle incendiada se sucedieron los ataques. Por ejemplo, la sede de Venezolana de Televisión, la emisora pública, fue asediada por grupos de manifestantes. También el domicilio de Tibisay Lucela, presidenta del CNE y que está en el punto de mira de los seguidores de Capriles. En medio de las manifestaciones, siete personas fueron asesinadas, dos de ellas en Caracas, según datos de la Fiscalía.

«La situación es muy grave»

Capriles tiene en su mano frenar los ataques. Lo señalaban sus propios seguidores, que remarcaban el peso del líder de la Mesa de la Unidad Democrática. «Si Capriles dice que vayamos al CNE, así lo haremos. Necesitamos que los dirigentes opositores se pronuncien», remarcaba Carlos Palacios. ¿Hasta cuándo se alargarán las marchas? «Esperaremos a ver qué ordena Capriles», confirmaba Carolina Vázquez. Este periódico trató de ponerse en contacto con diferentes portavoces de Primero Justicia, el principal partido de la coalición derechista. «La situación está muy grave», fue la única respuesta ofrecida por Carlos Ocáriz, director general del comando Simón Bolívar.

Por la mañana, la calma había regresado a Caracas. Aunque los ataques protagonizaban todas las conversaciones a la espera de las 20.00 horas, cuando estaba prevista una nueva cacerolada convocada por Capriles.