Pedro Díaz Terés no hubiera merecido la menor notoriedad si no fuera por las barbaridades que cometió. Conocido como El chato de Berbinzana, sembró de cadáveres las cunetas navarras en 1936. No es un amargo recuerdo del pasado, ya que el fantasma de aquel sanguinario sigue vivo; queda constancia de su presencia en el reciente ultraje al monolito que erigió Larraga en recuerdo de sus 47 paisanos asesinados.

Desde que se aprobó la actual Constitución, siempre me ha suscitado una risa gansa la referencia a sus artífices como «los padres» de la misma. Y todavía no consigo discernir qué elemento se me antoja más ridículo: el engolamiento con que son tratados los tales o el pavoneo con que los aludidos reciben semejante tratamiento. Vistas las miserias que arrastra el engendro, cualquier oportunidad sería buena para renegar de tan vergonzante paternidad. Al menos por estas tierras nuestras, a una con la Constitución comenzaron las descalificaciones de la misma. Se daba por supuesto -y los hechos lo confirman- que el texto en cuestión era la formalización del «atado y bien atado»; el manto que tapaba los crímenes del régimen anterior y el elixir que transmutaba en demócratas a los fascistas, usufructuarios del omnímodo poder político que les dejó en herencia el terror.

Los franquistas (Fraga es la evidencia más palmaria) transfirieron sus activos políticos al PP. Y con el Gobierno absoluto de este, toda España puede comprobar el percal de los mentados. Su saña persigue sin contemplaciones a cualquiera que proteste. El «terrorismo» que antes estaba focalizado en Euskal Herria se ha extendido como una pandemia por todos los rincones de España. Las actuales terapias contra la disidencia -aunque rigurosas- se les antojan blandas y ya preparan cambios legales más severos. El poder que ejercen es despótico pero todavía es más insultante la arrogancia de la que hacen gala en su ejercicio. Plantar cara al fascismo (y lo decimos con la dura experiencia de muchos años) es ineludible, pero hay que abordar de una vez por todas la raíz de esta confrontación. Los usufructuarios del terror implementan todas las violencias que necesitan para salvaguardar los privilegios que heredaron de la dictadura. Absurda pugna mal planteada que nos obliga a derrochar energías y que se mantendrá en los mismos parámetros mientras no sentemos en el banquillo al franquismo persistente. Una democracia que garantiza la impunidad a quienes han practicado el terrorismo de Estado nace, irremediablemente, plagada de malformaciones.

Quienes están fraguando el «suelo ético» para Euskal Herria tienen pendiente una tarea fundamental: demoler el suelo trágico en el que se asienta la transición. Mientras no se enjuicie al franquismo y a sus usufructuarios, la pretendida democracia española seguirá tutelada por el fantasma del Chato de Berbinzana. Él será quien nos indique hasta dónde podemos llegar y los riesgos que corremos si nos pasamos de la raya. Numerosos países han juzgado a sus dictadores, a quienes practicaron el terrorismo de estado. ¿Cuándo nos atreveremos nosotros?