El hecho de que el fiscal general del Estado haya reconocido tanto el derecho ciudadano a los escraches, como el del Gobierno a castigar a quien los realice, indica una centralidad que iguala la «capacidad de aguante de los azotados y el derecho a repartir madera de los azotantes». Alvarez-Solís, que considera los escraches como un producto de la estafa política a los ciudadanos, recuerda que los electores pueden, aunque no suelen, hacer pagar por esos incumplimientos.