Afirmó ayer el delegado del Gobierno español en la CAV, cuyo único cometido parece ser acechar a la izquierda abertzale para querellarse a la mínima ocasión -¿qué otra cosa hace, si no, Carlos Urquijo?-, que hablar de presos políticos puede conducir a la ilegalización de un partido. Y añadió, como para dar realce a su amenaza, que en una democracia no es de recibo utilizar esa expresión. Llegados a este punto, alguien debería explicarle que en una democracia lo que no es de recibo es pretender ilegalizar a nadie por hablar, por usar una expresión, la que sea. Porque uno de los pilares de un sistema democrático es, precisamente, la libertad de expresión y de opinión.

De hecho, en una democracia sería inaceptable que un partido político sufriera, desde el mismo momento de su constitución, el acoso gubernamental que sufre Sortu -lo mismo puede decirse de Bildu, Amaiur o EH Bildu-. A nadie con una mínima sensibilidad democrática, y sea cual sea su ideología, puede dejar de incomodarle que no haya día en que un representante del Gobierno o del partido gobernante no exprese su deseo y amenaza de que su adversario político sea ilegalizado. Ninguna formación ni sector social debería estar sometido al constante marcaje que sufre la izquierda independentista vasca. No en una democracia.

Ocurre además que la expresión que ha sido proscrita por la legalidad española es compartida por una amplia mayoría de la sociedad de este país. Es probable que a Urquijo no le importe lo más mínimo este hecho, y es posible, incluso, que la animadversión que siente respecto hacia la izquierda abertzale la haga extensible a esa mayoría social. Sin embargo, sí debería importarle a aquellos agentes que desean un futuro sin vetos ni ilegalizaciones para Euskal Herria, un futuro en paz y democracia, de verdad, para este pueblo. Ayer Andoni Ortuzar pidió templanza al Gobierno del PP. El líder del PNV sabe que esos «procesos inquisitoriales» no tendrían ningún recorrido si mañana él mismo diera una rueda de prensa y dijera que en opinión de su partido Arnaldo Otegi, por ejemplo, es un preso político.