El delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, considera que el uso de la expresión «presos políticos» para referirse a los prisioneros vascos «puede conducir, sumado a otras conductas, a la ilegalización de un partido político».

En una entrevista publicada ayer por la agencia Efe, Urquijo subraya que «no es de recibo en una democracia» utilizar este término porque dichos presos «no están en prisión por un delito de opinión», sino por haber «matado, extorsionado y amenazado. Me parece un insulto a la democracia española y una afrenta a las víctimas del terrorismo».

Esta es una de las más de veinte «actuaciones y actitudes» que Urquijo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía por entender que «podrían superar los límites» marcados en la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se permitió a Sortu su inscripción en el registro de partidos políticos.

Entre ellas se encuentra la presencia de representantes de Sortu en el recibimiento a los restos mortales de Xabier López Peña o el respaldo de Bildu a los ocho jóvenes donostiarras condenados por su «militancia activa» en Segi.

Para el delegado del Gobierno español, la idea consiste en que el fiscal «vaya tomando nota y que si en un momento dado considera que se han acumulado indicios suficientes» que puedan demostrar que se han sobrepasado las «líneas rojas» establecidas en la citada sentencia, inste a su ilegalización.

En todo caso, Carlos Urquijo asegura que no encuentra «sorprendente» que representantes de EH Bildu hablen de «presos políticos», ya que esta coalición «no es otra cosa que Batasuna disfrazada».