Ezker Anitza-IU pretende adaptar el decreto andaluz de vivienda a la CAV
Ezker Anitza-IU trasladará al Parlamento de Gasteiz, a través de EH Bildu y el PSE, la adaptación a la Comunidad Autonómica Vasca del decreto-ley aprobado por el Gobierno andaluz para garantizar «la función social de la vivienda» y poder expropiar a entidades jurídicas, como cajas, bancos o promotoras inmobiliarias, aquellas que hayan sido desahuciadas y estén vacías para que «sean ocupadas por las personas que se encuentran sin casa y en riesgo de exclusión».
Juanjo BASTERRA | BILBO
La coordinadora de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, explicó a GARA que van a tramitar «una adaptación a Euskadi» del decreto-ley que el Ejecutivo de Andalucía aprobó para garantizar la función social de la vivienda y que, entre otras cuestiones, expropia por un periodo de tres años aquellas que han sido desahuciadas y se encuentran vacías, que son propiedad de entidades jurídicas, como bancos, cajas o promotoras inmobiliarias, «para entregárselas a aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y sin acceso a una vivienda».
Salud afirmó, en este sentido, que en la CAV se han producido más de 8.000 desahucios desde el inicio de la crisis. Dijo desconocer en este momento las viviendas vacías que han sido arrebatadas a sus dueños porque no han podido pagar las hipotecas, pero admitió que entre Kutxabank y Caja Laboral tienen «unas mil viviendas» con hipotecas problemáticas «por lo que hay que ver cómo se encuentran para vestir y argumentar nuestra propuesta realista para atender esa función social que debe cumplir la vivienda».
«La iniciativa fue de IU -explicó- porque ya se recogía en el programa electoral. Supone garantizar la función social de la vivienda, y que no se tome como un negocio». La responsable de este partido político aseguró que van a «adaptar el decreto a las circunstancias de Euskadi». Admitió que «se tiene que producir con celeridad, porque el drama social de los desahucios debido a la crisis económica no cesa por el momento».
La dirigente de IU manifestó que mantendrá contacto con las plataformas contra los desahucios y que canalizarán la iniciativa en el Parlamento de Gasteiz a través de la coalición EH Bildu y del PSE, «porque ellos se ofrecieron a presentar iniciativas de nuestra formación. Aprovechamos esta buena ocasión para trasladar la adaptación del decreto andaluz a Euskadi», puntualizó Salud.
La coordinadora de Ezker Anitza-IU explicó que la decisión andaluza supone que «la vivienda es derecho y no mercancía. Se utiliza para sacar dinero, para especular con el dinero y los resultados los hemos visto, son dramas escandalosos». Por eso, Salud se reafirmó en que «para dar respuesta a la situación de emergencia que vivimos debemos tomar iniciativas urgentes. Porque en Euskadi son entre cinco y ocho desahucios diarios. La gente se encuentra sin futuro, sin vivienda, sin empleo, en la calle y con la deuda que le va a perseguir toda su vida».
En este sentido, y tras admitir que «tenemos más de 81.000 viviendas vacías», la dirigente de IU señaló que «hay que dar una respuesta entre las instituciones a una situación dramática, que ha provocado suicidios», dijo. Añadió que, «en primer lugar, debe estar el interés general, por encima del particular de grandes empresas. La vivienda y el trabajo, entre otros, son derechos reconocidos en la Constitución española, que se han quedado en papel mojado». Por ello, Isabel Salud remarcó que «el decreto-ley andaluz apunta y quiere cargar el problema sobre los poderosos y los bancos, y, a la vez, proteger a la parte más débil: las familias».
Sobre la propuesta de Catalunya de poner «una tasa a las viviendas que han quedado vacías por un desahucio» matizó que el problema es que «pagas la tasa y la vivienda sigue vacía; no hace esa función social».
Los compradores de una vivienda estarán mejor asesorados sobre los costes y consecuencias de asumir una hipoteca y más protegidos en caso de impago, en virtud de un acuerdo provisional alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo el pasado lunes por la noche.
El ponente fue Antolín Sánchez Presedo, del PSOE, quien justificó las reglas porque «la hipoteca es el compromiso financiero más importante en la vida de una familia. El mercado hipotecario supera el 52,3% del PIB comunitario» recalcó. El texto, que se convertiría en la primera directiva europea sobre hipotecas, tiene todavía que ser aprobado por el pleno del Europarlamento y por los estados miembros, que tendrán dos años para implementarlo.
Según informó ayer la Cámara Europea, la nueva directiva obligará a que el consumidor tenga siete días para «reflexionar y poder firmar», prohibirá la vinculación a otros productos como los seguros; e introducirá reglas de flexibilidad para amortizar la deuda hipotecaria antes de tiempo sin sobrecostes. En cuanto a casos de desahucios y demoras en el pago, limitará los cargos por impago; impedirá a los estados miembros oponerse a la dación en pago acordada entre las partes; impondrá el deber de buscar el mejor precio por la venta de la propiedad en las ejecuciones y exigirá a los estados miembros a adoptar medidas para facilitar el pago protegiendo a los consumidores y evitando el sobreendeudamiento a largo plazo. La nueva directiva también evitará «los préstamos irresponsables» y se evaluará de forma directa la solvencia de los solicitantes». J.B.
