Las trabas puestas por el Gobierno español pueden, según avanzó ayer Andoni Txasko, retrasar su testimonio a través de videoconferencia ante la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires, que investiga la denuncia interpuesta en Argentina por personas y asociaciones contra doce altos cargos españoles por delitos de lesa humanidad en la represión política durante el franquismo y los primeros años de la transición.

El primero de los vascos llamados a declarar es Andoni Txasko, apaleado por agentes de la Policía Armada -lo que le hizo perder el ojo derecho y tiene una visión residual en el izquierdo- en la brutal represión desatada en Gasteiz en marzo de 1976, que acabó con cinco obreros muertos y un centenar más de personas heridas, la mitad de bala. El testigo alertó de las dificultades que está encontrando Argentina para efectuar las diligencias judiciales lo que, subrayó, no será óbice para que él explique lo qué sucedió y señalar a sus responsables.

También lo piensa hacer el 3 de mayo Jon Etxabe, sacerdote condenado en el Proceso de Burgos a 50 años de prisión y que estuvo en la cárcel concordataria de Zamora. Etxabe Garitazelaia incidió ayer en una comparecencia de la Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo -que agrupa a 18 organizaciones memorialistas vascas- la corresponsabilidad de la jerarquía de la Iglesia católica en el genocidio franquista.

Movilización de la sociedad

En nombre de la Plataforma, Josu Ibargutxi mostró la esperanza de que sea a través de la acción de la juez Servini como se depuren responsabilidades y se acabe con la impunidad. Destacó el trabajo en común que desde 2010 efectúan diferentes colectivos en Euskal Herria y en otros pueblos que conforman el Estado español, así como el apoyo de al menos 30 diputados y senadores, y un tercio de los ayuntamientos vascos.

Para la Plataforma, la lucha emprendida para castigar a los promotores y encubridores de los crímenes del franquismo, con 140.000 víctimas mortales y 30.000 pequeños arrancados de sus familias, no debe limitarse a los juzgados y debe estar arropada por la movilización de la sociedad a la que se castigó.

Por ello, el 15 de junio han convocado una manifestación en Bilbo, en la que se rechazará la tolerancia que ha habido hacia los crímenes del franquismo y la represión política en la transición. Luis Fuentes abogó porque la ciudadanía tome la calle para exigir que se haga justicia y se siga adelante con todas las investigaciones al respecto.