CRISIS INSTITUCIONAL EN NAFARROA
Citan como testigos a Iribas, Catalán, Adanero y Jiménez por el «caso CAN»
Las contradicciones en los testimonios de los imputados Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya han obligado a la juez a continuar sus pesquisas sobre el posible delito de cohecho en Caja Navarra. Ayer citó como testigos, entre otros, a Roberto Jiménez (líder del PSN), Carlos García Adanero (portavoz de UPN), José Iribas (consejero de Educación) y Alberto Catalán (presidente del Parlamento). Todos eran miembros de la JEF, donde se cobraba triple dieta.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
La juez ha decidido abrir una segunda ronda de interrogatorios sobre el supuesto cobro ilegal de dietas en Caja Navarra. Tras comparecer como imputados tres de los cuatro miembros de la Permanente de CAN (Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya), ha llamado -ahora en calidad de testigos- a seis miembros de la Junta de Entidades Fundadoras: Roberto Jiménez, José Iribas, Carlos García Adanero, Samuel Caro, Alberto Catalán y Javier Caballero.
Las únicas que han pertenecido a estas juntas y que no han sido citadas o imputadas son Ana Elizalde y Yolanda Barcina. Elizalde, edil de Iruñea, entró a formar parte de estos organismos a raíz del cambio de Gobierno y, por lo tanto, es la que menos tiempo ha estado. Por su parte, Barcina no puede ser citada a declarar debido a su aforamiento como presidenta.
Los testimonios de los imputados no han servido para despejar todas las dudas. Sigue sin quedar acreditado quién decidía cuándo y por qué debían reunirse, así como la polémica fórmula para multiplicar las remuneraciones percibidas en concepto de «dietas». Cabe recordar que en la Permanente se celebraban sesiones de un solo tirón, pero se cobraban como dos. En la JEF hubo reuniones por las que se cobró el triple.
Además, existen contradicciones de enorme importancia. Antes de que Sanz, Miranda y Maya pasaran por el despacho de la juez María Paz Benito, lo hicieron los asesores jurídicos de CAN: Alberto Pascual (secretario general de CAN) y Amaya Rández (asesora jurídica). Pascual y Rández estuvieron presentes en las reuniones y se encargaron de redactar las actas. Ambos apuntaron como a Sanz como el ideólogo del sistema de pagos, el creador de la Permanente y el convocante de las reuniones (hasta que esa labor le tocó a Barcina cuando se convirtió en presidenta de Nafarroa).
Por su parte, Sanz y Miranda culpabilizaron de todo principalmente a Pascual. Su versión es que, de haberse producido una ilegalidad, el secretario es quien debiera haberles advertido, y que, como no hubo apercibimiento alguno, supusieron que todo era correcto.
Sin embargo, de los interrogatorios se desprende que la forma de trabajo era cualquier cosa menos la que cabría esperar. Las actas no recogen una sola intervención de los asistentes. No existe orden del día y se les convocaba por teléfono. Ninguno de ellos tiene documentación en casa sobre lo que se trató, ya que, según Miranda, no se llevaban un solo papel al domicilio por motivos de «seguridad». Ni tan siquiera existe un email que corrobore que esas reuniones existieran en realidad.
En las declaraciones de Miranda también se aseguraba que esta forma de trabajar tan poco seria era la común en todos los organismos de Caja Navarra que ha conocido (y eso que el exvicepresidente se paseó por los más importantes).
La JEF cobró por 20 sesiones, aunque se reunió solo diez días. Por cada sesión se pagaban 1.717 euros a cada uno, y al presidente, 2.680. Hubo días que se celebraron tres sesiones. La Permanente de la JEF (compuesta por el presidente y los vicepresidentes de la JEF) se reunió en ocho ocasiones y cobró como si lo hubiera hecho dieciséis. La Permanente no tenía funciones y la JEF únicamente la de emitir informes no vinculantes. Según Miranda, otros hacían los informes y la JEF los aprobaba.
Barcina debía comparecer ayer en el Parlamento para hablar del futuro de la CAN como fundación de carácter especial del Gobierno de Nafarroa. Esta presencia había sido solicitada por el PSN, cuya intención era que la presidenta acudiera arropada por los actuales «integrantes de la comisión gestora» que ahora controlan los restos de la entidad. Pero la petición no quedó demasiado clara. Barcina acudió sola y, a raíz de este malentendido, los portavoces de los grupos decidieron posponer la sesión para otro día y que puedan hablar todos los implicados.
Las declaraciones de los seis miembros de la JEF testigos del caso serán el día 10 de mayo y la juez prevé estar una hora y cuarto con cada uno. Empezará por Javier Caballero y terminará con Alberto Catalán.
Sanz lanzó un dardo a Roberto Jiménez (PSN) cuando testificó ante la juez. Aseguró que si un miembro de la JEF dice que no conocía de la existencia de la Permanente miente y que lo hace «por motivaciones políticas».
La juez se ha visto obligada a enviar en tres ocasiones a la Guardia Civil a la sede de CAN en Carlos III, porque no se le entregaba la información que demandaba. La última se ha desvelado en el auto dictado ayer. El juzgado había enviado a Caja Navarra la orden de que se le entreguen los archivos originales de las actas de la Permanente, en formato digital. Su intención es cotejar la fecha de creación de los documentos con peritos de la Guardia Civil, para ver si se escribieron en su momento o se redactaron para ser entregados al juzgado. Esta prueba fue solicitada por la asociación Kontuz. De haberse redactado ex profeso, supondría dos nuevos delitos: falsedad documental y presentación de documento falso a un tribunal. Esas actas llevan la firma de Miguel Sanz y de Yolanda Barcina, que eran los supervisores de las mismas.
La CAN se negó a entregar estos archivos originales, aduciendo que estaban en un servidor de los sótanos de la entidad y que se había cambiado el servidor hacía poco. Ante ello, Benito dio orden para que los guardias civiles acudieran a ese sótano a rescatar los archivos y determinar así cuándo se crearon. En breve se sabrá el resultado de esa pericial.
Es la tercera vez que la juez decide recurrir al envío de agentes, y todas han estado relacionadas con las actas. En un primer momento, ante la tardanza en la llegada de la documentación, el juzgado llamó a Caja Navarra. La contestación que recibió es que no la mandaban porque los dirigentes de CAN no lo habían ordenado. Benito dio orden de que la Guardia Civil se personara allá a recogerla. Acudieron, trasladaron el aviso y, cuando volvieron al día siguiente, se entregaron las actas.
Esta obstrucción a la investigación judicial roza el escándalo. En particular, porque los responsables de lo que queda de CAN son funcionarios del Gobierno de Nafarroa, nombrados a dedo por Barcina. Entre ellos está principal responable de la Asesoría Jurídica del Ejecutivo, José Antonio Razquin.
Hay varios indicios que apuntan a una eventual falsedad de esas actas, como el hecho de que hayan sido requeridas varias veces por el Parlamento y jamás hayan sido entregadas. Otros han aparecido a raíz de los interrogatorios (ausencia de orden del día, que no aparezcan rastros de ninguna de las convocatorias, el carácter escueto de las mismas...) A.I.
