Año y medio después de que se comenzasen a conocer las irregularidades en torno a la desaparecida Caja Navarra, la jueza que instruye la causa sobre la gestión de la entidad citaba ayer a declarar en calidad de testigos a seis miembros y cargos públicos de UPN y PSN que, junto a los tres imputados y Yolanda Barcina -también miembro de la Comisión Permanente, pero no imputada por ser aforada en Nafarroa- formaban parte de la Junta de Entidades Fundadoras de CAN. Uno de los objetivos de la declaración de los testigos podría ser aclarar si los miembros de la Junta de Entidades Fundadoras conocían la existencia de la Permanente, órgano que pagaba a los políticos antes de existir y que existía solo para pagarles. Sin embargo, esos seis testigos también percibieron dietas por acudir a las reuniones de la Junta de Entidades Fundadoras, y no precisamente por hacer su labor en la misma, como reconoció Álvaro Miranda, uno de los imputados. Al menos de momento, no deben hacer frente a responsabilidad penal alguna, y corresponde a los jueces aclarar si en el futuro deberán hacerlo o no, pero ante los ciudadanos y ciudadanas cobrar más de cinco mil euros por aprobar informes que hacían otros es escandaloso. Aun en el caso de que legalmente no tengan que responder por reuniones con triple dieta incluida, sí deberían hacerlo ante la sociedad.