La cancelación a última hora de la presentación de la reforma financiera consensuada entre el PRI, en el Gobierno, y los principales partidos de la oposición, PAN y PRD, deja en vilo el Pacto por México, suscrito por los tres partidos días después de que Enrique Peña Nieto llegara a la presidencia en diciembre, devolviendo así el poder al PRI, que gobernó desde 1929 hasta la victoria del PAN en 2000.

Este acuerdo contempla un centenar de compromisos para impulsar reformas de fondo en México y fue presentado como una muestra de la capacidad de Peña Nieto, que no tiene mayoría absoluta en el Congreso, para consensuar medidas necesarias para el país y como un ejercicio de responsabilidad de la oposición. Sin embargo, el martes la Presidencia canceló el acto programado para ese día y suspendió temporalmente las actividades públicas relacionadas con el Pacto de México. El anuncio se produjo después de que la oposición se negara a acudir a dicha presentación en protesta por la falta de atención del Gobierno a las denuncias de desvío de fondos sociales para beneficiar intereses políticos del PRI.

El PAN filtró hace una semana que los fondos destinados a campañas como la Cruzada Contra el Hambre estaban siendo desviados en el estado de Veracruz para garantizar lealtades políticas con vistas a las elecciones locales del 7 de julio.

Basó estas acusaciones en las grabaciones de varias reuniones de funcionarios del Gobierno de Veracruz, donde siempre ha gobernado el PRI, y delegados de la Secretaría (Ministerio) de Desarrollo Social (Sedesol) en las que aparentemente se escucha a un alcalde y al secretario de Salud estatal dando instrucciones para conseguir que los beneficiarios de programas sociales tengan que votar al PRI.

Tras la difusión de las cintas, presentó una denuncia contra la titular de Sedesol Rosario Robles, a quien Peña Nieto respaldó públicamente; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y 56 funcionarios. Robles, que se negó a dimitir, destituyó a siete de sus funcionarios, pero el PAN y el PRD exigen que tanto Duarte como ella sean sometidos a juicio político y sean apartados temporalmente de sus cargos.

En un evento en Puebla, Peña Nieto trató de calmar los ánimos al asegurar que no tolerará «el uso electoral de programas sociales» y llamó a todas las fuerzas políticas a un diálogo para establecer mecanismos que permitan su blindaje.

En opinión de analistas como Lorenzo Meyer, de la universidad pública Colegio de México, está frente a la primera crisis política de su Gobierno. «Se trata del fin de la luna de miel con la oposición», indicó a AFP.