Las representantes de LAB en Osakidetza, Begoña Tabera y Edurne Agirre, y la responsable de Osasungintza de la central sindical, Leire Garro, presentaron ayer en Bilbo un decálogo por el empleo público en Osakidetza que reclama, como principal elemento, el mantenimiento de la jornada de las 35 horas semanales e instaron al Gobierno de Gasteiz y a la dirección de Osakidetza a que pongan fin a las «agresiones» contra las 32.500 personas que trabajan en la Sanidad pública vasca.

Como ejemplo, Leire Garro expuso que el aumento de jornada «que dicen que es inamovible» provocará una destrucción de 2.600 puestos y otros que se verán afectados y que «no podemos cuantificar por los días de libre disposición, etc, que se pierden». En un análisis de la evolución de la contratación en los últimos diez años, LAB afirma que se han perdido el 8,21% del personal, casi 3.000 puestos en Osakidetza, antes de entrar en vigor las nuevas intenciones del Gobierno de Gasteiz.

Begoña Tabera introdujo la iniciativa de LAB explicando que el «ataque a los servicios públicos en Euskal Herria no es algo nuevo, sino la consecuencia de un sistema económico y unos gestores políticos que han buscado y buscan el beneficio económico y ven lo público como una enorme oportunidad de negocio por medio de la privatización». Culpó de esta ofensiva al PNV y al PSE, y se remontó al mandato Iñaki Azkuna como consejero de Sanidad, que marcó el proceso de privatización del sector.

Edurne Agirre desgranó el decálogo. La principal medida es el mantenimiento de la jornada de 35 horas semanales. A juicio de LAB, pretender lo contrario «es dejar sin empleo a mucha gente y, aunque Josu Erkoreka diga que son por efectos colaterales, la realidad es que el aumento de jornada destruirá empleo y perjudicará la calidad asistencial», precisó la responsable de LAB en Osakidetza.

También reclama «un plan de empleo y aumento de las plantillas estructurales». Deberá basarse en un plan quinquenal en función de la previsión de incremento y variación de la demanda asistencial, como «la ampliación de servicios teniendo en cuenta las necesidades en salud de la población». LAB plantea también la consolidación de las plazas estructurales, «evitando la precariedad y ofertando empleo estable y de calidad con Ofertas Públicas de Empleo (OPE) anuales». En Osakidetza uno de cada tres empleos es eventual en este momento.

Fin de las privatizaciones

Otro elemento importante que plantea la central sindical es «poner fin a los conciertos de la Sanidad privada» y «paralización y reversión de privatizaciones». Para ello, LAB establece un plazo de adecuación de cinco años. «En caso de las listas de espera se realizarán planes de contratación específicos para su gestión íntegramente pública».

Edurne Agirre explicó que es necesario también que haya «una cobertura íntegra de vacantes, sustituciones y medidas de conciliación familiar y laboral». LAB entiende que en estos casos Osakidetza deberá «contratar el 100% de las coberturas de vacantes vegetativas, bajas laborales, vacantes, libranzas, permisos, licencias, excedencias y reducciones de jornada. En todos los servicios y durante la cartelera anual íntegra».

Otro eje se sitúa en «abrir en turnos de mañana y tarde para todas las categorías en todos los servicios susceptibles de mejora de gestión asistencial en quirófanos, pruebas diagnósticas, consultas especializadas»

Exige, por otro lado, el fin de la autoconcertación, «o peonadas u horas extras, como les llamamos nosotras», dijo Agirre. En este caso, LAB entiende que «se debe absorber en el sistema ordinario, con adecuaciones técnicas y organizativas». También reclama la definición de funciones y creación de empleo en las diferentes categorías. Para ello, pide un decreto que «con el objetivo de estabilizar las categorías y armonizar el trabajo del equipo sanitario».

Destaca la necesidad de poner en marcha el contrato de relevo y el rejuvenecimiento de la plantilla. Porque la edad media de Osakidetza supera los 50 años, por lo que «se deben favorecer las jubilaciones de las trabajadoras» y para ello «debería ponerse encima de la mesa un plan para el rejuvenecimiento de la plantilla, mediante contratos de relevo, bajas incentivadas y readecuación de puestos, además de no permitir trabajar más allá de los 65 años».

Cierra el decálogo una propuesta para «ampliar la oferta educativa y suprimir los números clausus de especialidades que se demandan y no se cubren por falta de personal: ginecología y pediatría, entre otras».