Los piqueteros de Estafeta se niegan a pactar con el fiscal un año de cárcel
El juicio contra cinco personas a quienes se les acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores en la huelga general del 29 de marzo arrancó ayer. El fiscal les propuso antes de la vista pactar un año de cárcel por «coacciones», pero todos se negaron.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
Las cinco personas acusadas de un delito contra los derechos de los trabajadores a raíz de unos incidentes acaecidos en la calle Estafeta en la huelga del 29 de marzo acudieron ayer a la vista oral. El fiscal pide para ellos cuatro años de cárcel pero, antes de entrar a la sala, les propuso un pacto para rebajar la pena a un año de cárcel, cambiando el delito a coacciones. Los acusados se negaron.
El juicio se celebró por la mañana, pero no pudo terminarse. La Audiencia Provincial está inmersa en una lucha laboral y se ha vuelto más exigente con el cumplimiento de horarios, por lo que la vista se cerró antes de que llegaran las pruebas documentales y los alegatos finales de los abogados. En consecuencia, los acusados tampoco han ejercido su derecho a la última palabra. Formalmente no se han pedido las penas. Sin embargo, dado que no ha habido acuerdo previo, es de presumir que el fiscal seguirá con su petición de cuatro años, salvo que la vista haya sido tan favorable para los cinco acusados como para que se replantee su postura.
Durante el juicio sí que dio tiempo a la toma de testimonios, tanto de los cinco encausados, como la de la acusación particular y la de un agente de la Policía Foral.
Según ha podido saber este periódico, ni los testimonios ni las pruebas que se han manejado durante la instrucción parecen ser suficientes para sostener la acusación de un delito contra los derechos de los trabajadores. En particular, resulta dificultoso acreditar que fue una acción intencionada llevada a cabo por un grupo organizado. El testigo de la acusación ha admitido que los encausados no se dirigieron a los trabajadores en ningún momento durante los hechos que se están investigando.
De otra parte, la identificación de las cinco personas como participantes en esos incidentes tampoco está demasiado clara. Algunos de ellos han sido identificados por el policía foral y los dueños del bar. Sin embargo, la presencia de otros acusados se acredita a través de unos fotogramas de cámaras de seguridad, pero estas instantáneas pertenecen a un incidente posterior a los hechos que se han llevado ante los tribunales. Además, tampoco se distinguen con claridad a esas personas.
A las puertas de los tribunales se congregaron decenas de personas que respaldan a quienes se conoce como «los cinco de Estafeta». La protesta frente a la Audiencia revindicó que la actuación de un piquete no puede ser perseguida contra un delito contra los derechos de los trabajadores cuando hay 56.000 parados en Nafarroa. En cierto modo, acusan a la justicia de centrarse en un detalle cuando la gravedad de la situación que vive la clase obrera tiene otros responsables.
Según aseguran en varios comunicados las personas que se han solidarizado con los encausados, lo que se produjo el día de la huelga general fue una riña entre los manifestantes de la tarde y los encargados del único bar abierto en la calle Estafeta. Insisten en que esos incidentes no provocaron daños materiales ni humanos.
De otra parte, casi mil personas se han autoinculpado por los incidentes. La campaña ha sido organizada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, HIRU, EHNE, CNT y CGT. A través de ellos, 913 personas firmaron un documento que intentaron hacer llegar a la juez que juzga el caso, María Alemán, a modo de protesta simbólica. A.I.
Los hechos se produjeron durante la marcha de la huelga general del 29 de marzo por la tarde. En ese momento, se produjo un enfrentamiento entre varios manifestantes con el único bar abierto de la calle Estafeta.
