Tras el caso de Jerôme Cahuzac que ha provocado un seísmo político en el Estado francés, el Gobierno presentó ayer las medidas con las que pretende moralizar la vida pública, una operación «manos limpias» a la francesa, que el presidente, François Hollande, calificó de «punto de inflexión para las instituciones» . El Consejo de ministros examinó tres proyectos de ley, entre los que destaca la lucha contra el fraude fiscal y la delincuencia económica y financiera.

Coincidente en el tiempo, pocas horas más tarde, la Asamblea Nacional creaba, a petición de la oposición y aceptada por el Gobierno, una comisión de investigación sobre la acción del Ejecutivo y de los servicios del Estado durante el caso Cahuzac, con el fin de establecer «disfuncionamien-tos».

Patrimonio público

El impacto provocado por la detección de una cuenta oculta en el extranjero del exministro de Presupuesto Jerôme Cahuzac había hecho temblar a un Gobierno que ya se encuentra en dificultades por la situación económica y social. Hollande había prometido el 10 de abril «una lucha sin cuartel contra los excesos de dinero, la codicia y la financiación oculta».

La publicación del patrimonio de todos los ministros el 15 de abril dio inicio a esta operación «manos limpias», bajo las críticas de la oposición, que vio el comienzo de «una república de la sospecha» y una «distracción» para ocultar las responsabilidades del Ejecutivo en el escándalo Cahuzac.

La prensa aprovechó los detalles revelados (ocho ministros millonarios y otros con mucho menos dinero) que casi cayeron en el olvido ante el debate sobre la obligación de parlamentarios y electos locales de rendir cuentas públicas de sus bienes. La reforma presentada en el Consejo de Ministros obliga a la declaración de patrimonio a unas 12.000 personas.