En la cuarta reunión de la Mesa General de la Función Pública, los cuatro sindicatos exigieron al viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, la derogación del decreto que fija un aumento de la jornada laboral a 1.614,5 horas anuales para los empleados públicos vascos.

El representante de ELA en la Mesa, Ramón Uriarte, recordó que la mayoría del Parlamento ya ha pedido al Gobierno autonómico que deje sin aplicación el citado decreto y que mantenga la jornada de 35 horas semanales, fijada por ley.

La citada resolución de la Cámara vio la luz el pasado 25 de abril con los votos de PSE, EH Bildu y UPyD y el Gobierno de Urkullu todavía no ha tomado una decisión sobre si aplica o no dicho mandato.

El martes pasado, el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, advirtió de que la derogación del decreto podría suponer que los funcionarios vascos pasarían a regirse por la legislación estatal, con lo que trabajarían más horas que las establecidas en la norma vasca.

Uriarte explicó que las cuatro centrales coincidieron en la conveniencia de suspender la Mesa de la Función Pública hasta que el Gobierno de Gasteiz no tenga una posición definitiva sobre el mandato de la Cámara.

Asimismo, dijo que ELA no está dispuesta «a alargar hasta el infinito» mesas de negociación para participar en el juego del Gobierno de dar una imagen de voluntad negociadora «cuando los temas más importantes los resuelve por decreto en contra de la opinión de los sindicatos y de la mayoría del Parlamento».

En este sentido, aclaró que las centrales suspendieron de forma unilateral la reunión y se levantaron de la mesa al ver que el Gobierno mantenía su voluntad de continuar con el encuentro y que no aceptaba su suspensión.

En este sentido, Uriarte precisó que la Mesa de la Función Pública ha quedado suspendida «sine die» hasta que el Gobierno se pronuncie sobre esta petición y «tenga una postura clara de retirada del decreto».

«Amenaza» y «menosprecio»

En una nota, el sindicato LAB censuró la «amenaza» vertida por Erkoreka en el sentido de que podría imponer la legislación estatal correspondiente en el caso de dejar sin valor dicho decreto, y denunció el «menosprecio» que supone la no aplicación de la resolución del Parlamento de Gasteiz, que le pedía dar marcha atrás en lo referido a la prolongación de la jornada.

A juicio de LAB, la retirada del decreto que alarga la jornada «es condición indispensable si realmente queremos poner en marcha el proceso negociador, así como dejar sin valor los recortes impuestos».

LAB remarca su apuesta por una negociación colectiva que posibilite el desarrollo de los servicios públicos y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de los mismos, y en ese sentido pide al PNV «garantías ante las medidas que puedan venir de Madrid, garantías que nos blinden ante esos ataques».

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Euskadi, Arantza Agote, indicó que UGT no da por finalizada la Mesa sino por suspendida hasta que no se dé una respuesta definitiva del Gobierno a la exigencia de retirada del decreto.

También advirtió de que UGT «no va a admitir políticas de recortes que afecten a la creación y mantenimiento de empleo ni que supongan el desmantelamiento de los servicios públicos, negativo tanto para los trabajadores como para la ciudadanía en general».

En otro comunicado, CCOO-Euskadi precisó que ha pedido una suspensión de la negociación hasta que Lakua tome una decisión sobre el mandato parlamentario con el fin de dar tiempo a la Administración para que, «en virtud de las oposiciones sindicales y políticas manifestadas, proponga una nueva negociación colectiva amplia».

Ante la negativa y la «cerrazón» del Ejecutivo autonómico a aceptar esta propuesta, CCOO explicó que «ha sido imposible» continuar con la reunión.

Movilizaciones

Mientras se celebraba la reunión en Lakua, los cuatro sindicatos se concentraron a las puertas de la sede del Ejecutivo en Gasteiz junto con el resto de centrales con representación en la Administración pública de la CAV.

Para el próximo sábado día 11 de mayo, los cuatro sindicatos han convocado manifestaciones en Bilbo, Donostia y Gasteiz, en las que llaman a participar a los trabajadores públicos afectados por los decretos de recortes impuestos en la mesa general, y con el fin de defender los servicios públicos.