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Crónica | De Sabin Etxea (PNV) a Lanbide

«No hay lluvia que pare la demanda de justicia social»

No hay lluvia que pare nuestra demanda de justicia social», así se expresaron los representantes de los colectivos sociales de Bizkaia que criticaron en una protesta entre Sabin Etxea y Lanbide los recortes y la falta de atención adecuada.

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Juanjo BASTERRA

La lluvia no impidió que los colectivos sociales de Bizkaia como Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, «Asamblea de Invisibles (Ikusezinak)», Berri-Otxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, R.B.U. Taldea (Renta Básica Universal) y SOS Racismo mostraron su rechazo a los recortes en materia de protección social del Gobierno Urkullu y criticaran la situación de Lanbide. De hecho, ayer cuando llegaron a la sede del Servicio Vasco de Empleo en Alameda Mazarredo estaba colapsada. Algunos de quienes esperaban afirmaron que a partir de las 11.00 dejaban de dar números para ser atendidos. Algunos acuden desde las 7.00 de la mañana a las puertas de Lanbide para poder ser atendidos, otros que llegan cuando está más saturado el servicio «nos tenemos que dar la vuelta. Tiempo perdido, aunque te estés ahogando», explicó un usuario a las puertas de este servicio público.

Andoni Pangua, portavoz de los colectivos sociales, explicó en Sabin Etxea, sede del PNV, que la iniciativa persiguió llamar la atención porque «los recortes de Lanbide y del Gobierno de Urkullu nos dejan en paños menores y en pelotas, precisamente a la gente más necesitada de ayudas».

A pesar de la fuerte lluvia que cayó en el momento de la parodia-protesta porque tres personas fueron tapadas solo con unos «barriles» de tela, los gritos en contra de las ayudas a los banqueros, en contra de los recortes y a favor de una vida digna se intensificaron a lo largo del recorrido.

Pangua recordó que «recortes y malas prácticas dejan sin recursos, y en la miseria, a las familias afectadas por la actual situación de crisis económica» y ante esta dramática situación de una parte importante de la población llamaron a establecer el criterio «de la justicia social». Mientras la lluvia mojaba ya los huesos de los «tres barriles», Andoni Pangua describía esa dura realidad porque «el Gobierno vasco ha decidido realizar un drástico recorte presupuestario de 1.132 millones, pero, en concreto, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ve reducido su presupuesto en un 25,9%: 278 millones menos que el año pasado», sentenció. Esa merma de recursos económicos públicos traerá una reducción de las partidas de Lanbide, «justo cuando más se necesita».

«Recorte tras recorte»

Estas medidas presupuestarias conllevan recortes en el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide. Así, ante la sede del PNV el portavoz de los colectivos sociales recriminó la actuación del Ejecutivo de Urkullu, que «retira la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a las personas que tienen empleos precarios con salarios bajos». Añadió que «un tercio de las familias que perciben los subsidios de Lanbide son personas con salarios bajos y contratos precarios». Mientras arreciaban los gritos de «no hay pan, para tanto chorizo», Pangua detallaba que además que los presupuestos mantienen «el recorte de un 7% sobre las cuantías de las prestaciones sociales a percibir por las familias afectadas por las situaciones de paro, precariedad, exclusión y pensiones mínimas».

Los colectivos sociales recordaron además que «se conculca de forma sistemática la normativa que rige la tramitación y acceso a las prestaciones sociales; además de incumplirse el procedimiento administrativo ordinario establecido entre la Administración y usuarios». Algunos viandantes que compartieron trayecto con la protesta no dejaban de señalar «la moral que tienen estas personas para reclamar con esta meteorología esos derechos. Hay necesidad, se nota y se aprecia, sino no estarían aquí», dijo una señora mientras esperaba a cruzar el paso de cebra antes de que la protesta encarrilara ya sus últimos metros hasta la sede de Lanbide en Mazarredo.

Por último criticaron los retrasos en los expedientes de entre 6 y 8 meses y el número máximo de personas «que pueden ser atendidas por día».

 

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