TORTURA EN EUSKAL HERRIA
Madrid alega que no puede imponer a los jueces salvaguardias anti-tortura
Amaiur preguntará mañana a Mariano Rajoy en el Senado si piensa cumplir las recomendaciones contra la tortura que acaba de hacerle el CPT europeo. A tenor de los 250 folios de respuesta que ha dado el Gobierno del PP al informe, se desprende que no. Entre otras cosas, Madrid alega ante Europa que no puede imponer a la Audiencia Nacional las «salvaguardias» sugeridas, debido a la «independencia judicial».
Ramón SOLA | DONOSTIA
El informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo Europeo correspondiente a su visita de 2011, que se hizo público la pasada semana, eleva el tono del señalamiento internacional al Estado español por la persistencia de la tortura. Tras conocerse, mañana mismo, en el Pleno de control al Gobierno que se celebra en el Senado, Mariano Rajoy deberá responder a una pregunta directa de Amaiur sobre su disposición o no a cumplir las recomendaciones efectuadas por Europa.
Entre ellas sobresale la necesidad de establecer «salvaguardias» para evitar torturas en comisarías. El CPT explicita tres medidas que en la práctica supondrían eliminar la incomunicación: informar a las familias de la detención y paradero del arrestado, darle la opción de recibir a su médico de confianza y grabar toda la incomunicación. Pues bien, frente a ello el Gobierno español acepta en su respuesta al CPT que son medidas con encaje legal, pero alega que «su adopción no puede ser impuesta a los jueces de instrucción, ni siquiera por su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial».
El Ejecutivo de Rajoy, por tanto, se escuda en los jueces de la Audiencia Nacional para no implantar obligatoriamente unas medidas que según el CPT compete imponer al Gobierno.
El Ejecutivo se lava las manos al tiempo que deja claro en su informe de alegaciones que considera necesaria la incomunicación. Esgrime los motivos habituales: «Obedece a la necesidad de evitar el riesgo de incremento de las posibilidades de fuga del inculpado y de deterioro, pérdida u ocultación de medios de prueba, fundada en la sospecha de confabulación entre comunicantes para tales propósitos. Así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal y así lo ha corroborado el Tribunal Constitucional en multitud de sentencias», añade.
«Avances significativos»
No obstante, consciente al parecer de que esta respuesta genérica difícilmente satisfará al CPT, a continuación el Gobierno español analiza pormenorizadamente cada una de las tres salvaguardias propuestas para dar a entender que ya se van implantando paulatinamente.
Respecto a la opción de que la persona detenida sea atendida por su médico de confianza, el informe de alegaciones defiende primero la capacidad y profesionalidad de los forenses de la Audiencia Nacional, para añadir luego que desde 2003 existe la posibilidad legal de que el detenido solicite un segundo médico -que también designaría el juez y no él- si no está conforme con el primero.
«Desde dicha reforma, sí se han producido avances significativos -asegura el Gobierno al CPT-. Un ejemplo de ello es que varios de los seis juzgados encargados de la instrucción de los delitos de terrorismo permiten ya que los detenidos puedan ser examinados por médicos de su elección, si así lo solicitan, en unión del médico forense».
Indica que estas medidas fueron introducidas en el llamado «protocolo Garzón», de 2006, y sostiene que «hasta el día de hoy se han aplicado a un 32,5% de los detenidos en régimen de incomunicación».
En cuanto a la supervisión por videovigilancia del detenido durante las 24 horas, reclamada también por el CPT, Madrid afirma que se están instalando cámaras en todos los centros y que incluso existen «unidades portátiles de grabación para su utilización por la Guardia Civil». El porcentaje de implantación superaría ahora el 60% según esta respuesta, «si bien la grabación de la estancia de los detenidos en su confinamiento se realiza a petición del Juzgado de Instrucción correspondiente», matiza acto seguido. De nuevo, los jueces como coartada para no adoptar avances reales.
La tercera salvaguardia es la relativa a informar de la detención y el paradero del arrestado a la persona que este mismo señale. Esta cuestión parece ser la que más conflictos genera al Gobierno, ya que admite de entrada que «se trata de una obligación exigida por la legislación penal española a los agentes de las FSE y uno de los derechos que asiste al detenido». Sin embargo, luego justifica que no se informe a los allegados evocando la necesidad «irrenunciable» de «demorar en lo posible la difusión de las correspondientes órdenes y alertas que puedan facilitar la fuga del resto de integrantes y la destrucción de las pruebas del delito».
«Sin embargo -añade a continuación el Gobierno-, dicha restricción se ve contrarrestada por un régimen sumamente garantista, en el que existe un continuo control judicial».
Detalla en su defensa, por ejemplo, que el juez «tiene constancia desde el primer momento de la detención del lugar de custodia y de los funcionarios actuantes, y cuenta con todos los medios precisos para efectuar dicho control». Añade que el instructor de la Audiencia Nacional correspondiente «está auxiliado por los médicos forenses» y también «capacitado para tomar las medidas necesarias en cada momento; por ejemplo no autorizar esa incomunicación u ordenar que el detenido pase inmediatamente a su disposición».
El Gobierno también se excusa contra la crítica del CPT por aplicar la incomunicación como una «práctica repetitiva y rutinaria». Asegura que cada caso está perfectamente motivado y que así obliga a hacerlo el Tribunal Constitucional.
Investigar no es cosa suya
El Ejecutivo español recurre igualmente a la trampa de mandar la pelota al tejado de los jueces cuando el CPT le reprocha la falta de investigación de las torturas (sancionada ya tres veces por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo).
En este punto, el Gobierno de Rajoy «recuerda que compete exclusivamente a los órganos jurisdiccionales acordar las actuaciones que deban practicarse ante la noticia de hechos que presenten caracteres de delito, ya sea en la fase de instrucción o en la de juicio oral». Y añade que no le costa que «los citados instrumentos de investigación sean desdeñados o poco empleados en casos tan graves».
Madrid alega que las cámaras se van instalando poco a poco (más del 60%), aunque no se grabe; que en un 32,5% de los casos se ha permitido un médico de confianza; y que aunque los familiares no sean informados, el juez vela por el detenido.
Europako txosten honek 2011ko maiatzaren eta ekainaren artean egindako bisita du oinarri. Hor bildutako informazio guztiarekin urte hori bukatu aurretik osatu zuten lana, eta Gobernu espainolari jakinarazi zioten, alegazioak aurkez zitzan. Baina bitxia da txosten hauen kudeaketarako prozedura; izan ere, gobernuen esku gelditzen da argitara ematea ala ez, eta hori noiz egiten den ere gobernuek beraiek erabakitzen dute, ez Europako Batzordeak. Orain arte, beraz, isilpean gorde nahi izan du Madrilek, baina, azkenean, agerraraztea aukera hobea dela deliberatu du.
Zergatik orain? Batetik, begi bistakoa da inkomunikazioa jasaten duten herritarren kopurua nabarmen jaitsi dela 2011ko azarotik hona (txostena egin baino aste batzuk lehenago jakinarazi zuen ETAk bere jarduera armatua bukatutzat ematen zuela). Euskal herritarren azkeneko tortura salaketak, adibidez, 2012ko otsailekoak dira. Bestetik, ez dirudi kasualitatea denik aste honetan bertan Estatu mailako Torturaren Aurkako Koordinakundeak iazko txostena kaleratu duela (ostiralean, Bartzelonan). Bertan, oraindik ere, Estatuan emandako tortura eta tratu txar kasu ugariren berri ematen da. Europako txostena aurretik agerrarazi nahi izan du Gobernuak. GARA
Medias verdades y mentiras del Gobierno español al CPT
SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE TORTURAS
Madrid dice que «cuando se denuncia o detecta un caso de presuntos malos tratos, se ponen siempre en marcha actuaciones judiciales o administrativas». Lo cierto es que el Estado ya ha sido condenado por Europa tres veces por no investigar y que Euskal Memoria no ha hallado más que diecinueve condenas sobre 9.000 casos de torturas en 50 años.
SOBRE LOS FORENSES DE LA AN
El Gobierno dice a Europa que «son profesionales con años de especialización en la investigación de las causas de las lesiones sufridas por una persona, por lo que tienen la mejor formación para detectar cualquier tortura» y que «están plenamente sometidos a las normas deontológicas». Frente a ello, muchos detenidos los han señalado como colaboradores. Para el experto Francisco Etxeberria, «en los años 80, y se puede decir que también en todo el periodo posterior, no ejercían ni ética ni deontológicamente el mínimo esfuerzo que les correspondía. Son y han sido siempre encubridores. Y yo, que les he conocido personalmente, se lo puedo decir a la cara tranquilamente».
SOBRE LA DURACIÓN DE LA INCOMUNICACIÓN
El Ejecutivo español afirma a Europa que «desde 2009 no ha habido ningún caso en que se aplicara una incomunicación de más de cinco días». Oculta que muchas veces esa situación se mantiene más tiempo, no ya en los calabozos sino en la cárcel, a través de la «prisión incomunicada». Por citar un ejemplo, la usó el juez Eloy Velasco cinco detenidos por la Ertzaintza en 2010.
SOBRE EL «HABEAS CORPUS»
Madrid alega que «el ordenamiento español reconoce el derecho de todo detenido al `habeas corpus'», figura de amplia tradición para que el arrestado sea llevado al juez cuanto antes en circunstancias extremas. Pero obvia añadir que detenidos vascos lo han reclamado en ocasiones sin lograrlo nunca.
SOBRE LAS CAPUCHAS PARA OCULTAR EL ROSTRO
Asegura que usar capuchas en los interrogatorios «no solo está expresamente prohibido, sino que es un delito». Sin embargo, muchas personas detenidas han dado testimonio de torturadores encapuchados. Una de ellas era Beatriz Etxebarria, a cuya denuncia de violación da plena credibilidad el CPT.
Ante la alusión del CPT a que las denuncias no se investigan, el Gobierno dice que «no existen elementos de juicio para pensar» que los jueces no hagan esta función «en casos tan graves como los relativos al padecimiento de torturas».
