Mariano Rajoy deberá responder mañana en el Senado a si está dispuesto a aplicar las recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo Europeo. Sin embargo, la réplica de su Gobierno al informe del CPT es una señal anticipada de la nula voluntad de cumplir esas recomendaciones, con la inexplicable excusa del respeto a la independencia judicial. Según el Gobierno del PP, la adopción de salvaguardias para garantizar la integridad de los detenidos debe depender de la decisión de los jueces de instrucción y queda por tanto sometida a motivos, cada vez más absurdos, de seguridad.

No deja de ser paradójico que el Gobierno del PP apele a la independencia judicial para tratar de eludir las recomendaciones del CPT, igual que ha venido haciendo con los informes de otros organismos y asociaciones como la ONU o Amnistía Internacional. Perversa paradoja, porque ese gobierno se escuda así en uno de los principios del Estado de Derecho para justificar un grave déficit en la defensa y garantía de derechos fundamentales contemplados en las normas internacionales y asumidos retóricamente como propios. La independencia judicial no consiste en la potestad de los jueces para decidir si se deben garantizar o no los derechos de un detenido, puesto que su deber es salvaguardarlos en todo momento. Y un gobierno no puede justificar no solo una vulneración de derechos, sino tampoco la dejación del deber de garantizar su respeto, lo que incluye evitar la mera posibilidad de que alguien sea sometido a tortura, máxime cuando existen mecanismos sobrados para ello.

La independencia judicial es un principio del que, por cierto, no puede alardear el Estado español. El último ranking mundial elaborado por World Economic Forum a partir de una serie de medidores objetivos le sitúa en el puesto 56, justo por detrás de Brunei y Hungría y por delante de Nigeria y Sri Lanka. Que Madrid evoque esta independencia judicial para evitar respetar los derechos humanos lo dice todo.