Mariano Rajoy deber� responder ma�ana en el Senado a si est� dispuesto a aplicar las recomendaciones del Comit� para la Prevenci�n de la Tortura del Consejo Europeo. Sin embargo, la r�plica de su Gobierno al informe del CPT es una se�al anticipada de la nula voluntad de cumplir esas recomendaciones, con la inexplicable excusa del respeto a la independencia judicial. Seg�n el Gobierno del PP, la adopci�n de salvaguardias para garantizar la integridad de los detenidos debe depender de la decisi�n de los jueces de instrucci�n y queda por tanto sometida a motivos, cada vez m�s absurdos, de seguridad.

No deja de ser parad�jico que el Gobierno del PP apele a la independencia judicial para tratar de eludir las recomendaciones del CPT, igual que ha venido haciendo con los informes de otros organismos y asociaciones como la ONU o Amnist�a Internacional. Perversa paradoja, porque ese gobierno se escuda as� en uno de los principios del Estado de Derecho para justificar un grave d�ficit en la defensa y garant�a de derechos fundamentales contemplados en las normas internacionales y asumidos ret�ricamente como propios. La independencia judicial no consiste en la potestad de los jueces para decidir si se deben garantizar o no los derechos de un detenido, puesto que su deber es salvaguardarlos en todo momento. Y un gobierno no puede justificar no solo una vulneraci�n de derechos, sino tampoco la dejaci�n del deber de garantizar su respeto, lo que incluye evitar la mera posibilidad de que alguien sea sometido a tortura, m�xime cuando existen mecanismos sobrados para ello.

La independencia judicial es un principio del que, por cierto, no puede alardear el Estado espa�ol. El �ltimo ranking mundial elaborado por World Economic Forum a partir de una serie de medidores objetivos le sit�a en el puesto 56, justo por detr�s de Brunei y Hungr�a y por delante de Nigeria y Sri Lanka. Que Madrid evoque esta independencia judicial para evitar respetar los derechos humanos lo dice todo.