En una rueda de prensa en Donostia, el responsable de ELA en el sector, Iñigo Zubeldia, indicó que 2.900 trabajadoras, del total de 4.800 en su mayoría mujeres, de residencias de mayores y centros de día guipuzcoanos están llamadas a secundar este paro que arrancará el lunes con una acampada en el Boulevard a partir de las 9.00 horas.

Además, habrá acampadas itinerantes por las empresas del sector y manifestaciones todos los viernes a partir de las 11.30 horas desde el Boulevard en las que se hará balance de cómo ha ido cada semana. Zubeldia destacó que no van a retroceder ni un milímetro en sus reivindicaciones y se mostró convencido de que la huelga y la lucha son «el camino».

En este sentido, anunció que mantendrán la huelga hasta que todas las empresas del sector, salvo las que tienen convenio de empresa, suscriban la propuesta de la Diputación para el convenio provincial e irán descolgando de la movilización a aquellas compañías en las que se firme el preacuerdo.

El responsable de ELA denunció que los trabajadores de este sector viven «una situación de excepción laboral» ante la intención de las patronales, Adegi y Lares, de aplicar la reforma laboral «para ganar más». Frente a ello, abogó por el mantenimiento de las condiciones laborales vigentes en enero de 2012. Zubeldia acusó a Adegi de ser «el diablo» para los trabajadores y añadió que «muchos» de sus asociados ya se han dado de baja, por lo que corre el riesgo de convertirse en «una asociación residual». Asimismo, criticó a Lares, «que con su careta social en el fondo es peor que Adegi», por lo que reclamó su «inmediata disolución».

Servicios mínimos

El Gobierno de Gasteiz fijó ayer servicios mínimos superiores al 50% en el personal de atención directa y sanitario de las residencias de ancianos y centros de día de Gipuzkoa, de cara a la huelga indefinida convocada por ELA a partir del lunes.

Durante la primera semana del paro, que afectará a unos 5.000 usuarios, los servicios mínimos serán del 50% excepto en las horas punta, cuando el porcentaje será del 60%.

El Departamento de Empleo explicó en un comunicado que estos servicios mínimos establecidos pretenden garantizar la «vida y la salud de las personas residentes».