El desfile de la primera línea política de Nafarroa por los juzgados continuó ayer con la toma de declaración como testigos de, entre otros, el líder del PSN, el presidente del Parlamento, el portavoz de UPN y el consejero de Educación. En total, fueron seis exmiembros de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) quienes declararon ayer ante la juez. Todos coincidieron en asegurar que no sabían que Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Enrique Maya y Álvaro Miranda celebraban reuniones paralelas a las de la junta en las que se repartieron 104.000 euros. Estas reuniones se realizaban en lo que se conoce como la Permanente.

Esta afirmación tan rotunda contradice directamente a uno de los principales imputados, Miguel Sanz, que fue presidente de la JEF hasta junio de 2011. En su declaración, Sanz señaló: «Decir por parte de alguien que no se conocía de las sesiones de reporte [como se conocía a los encuentros de la Permanente] solo puede obedecer a cuestiones políticas».

Resulta llamativo que cuatro de sus compañeros de partido hayan dejado en evidencia a Sanz en el juzgado. Sobre todo, en el caso del presidente del Parlamento, Alberto Catalán, uno de los hombres de confianza del expresidente, pero también en el de Javier Caballero, que fue vicepresidente de Nafarroa a las órdenes de Sanz. El actual portavoz de UPN, Carlos García Adanero no es tan cercano a Sanz, mientras que el consejero José Iribas, es un hombre de Barcina, la gran rival del expresidente y de Catalán dentro del partido.

Los cuatro dirigentes de UPN vinieron a corroborar la versión ofrecida por los dos miembros del PSN, que también declararon ayer como testigos: Roberto Jiménez (secretario general del partido) y Samuel Caro (parlamentario y miembro de la Ejecutiva). Todos sabían que Sanz, Barcina y Miranda tenían más información que el resto de miembros de la JEF, pero nunca supieron que, unos días antes, estas tres personas celebraban otras sesiones con el mismo contenido por las que se embolsaban entre 3.434 euros y 5.360 euros cada uno. Unas reuniones a las que se sumaría el alcalde de Iruñea en los últimos meses. Todos dijeron haberse enterado por los medios de comunicación de estas reuniones.

Los interrogatorios de la juez están siendo sumamente exhaustivos, pero a día de hoy no existe un relato claro de lo que ocurrió por las continuas contradicciones y las lagunas. Además de los seis testigos de ayer, han declarado ya los tres imputados y los dos asesores jurídicos (el secretario general de CAN y la vicesecretaria) que levantaban las actas. Ninguno ha sido capaz de aportar datos precisos sobre cómo se funcionaba en realidad.

La mayoría de los testigos «cree» que quien les convocaba era el secretario, Alberto Pascual. Pero hay quien tiene dudas y apunta al propio Sanz o al director de CAN, Enrique Goñi. En lo que sí hay coincidencia es en que, por lo general, no tenían idea de qué se iba a tratar en la reunión, puesto que no existía orden del día y, en consecuencia, tampoco aportaban ellos nada de qué hablar. Una vez en la reunión, se les entregaba un dossier y el secretario o Goñi les exponían las novedades de la caja. Sin embargo, lo normal era que nadie se llevaba esa documentación para trabajar en casa, ni se repasaban las actas, puesto que, según testificaron, allí no se tomaban decisiones. Jiménez aseguró que sí que se llevó algún papel impreso, pero que luego los «destruía por considerar que eran especialmente sensibles o delicados».

Una gran sopresa en la cuenta

No hay coincidencia en cómo se les convocaba, si por carta, por mail o por teléfono. Ninguno se acuerda con certeza y algunos, como Iribas, se escudan en que la agenda se la lleva su secretaria. Es como si todo estuviera perfectamente diseñado para no dejar rastro alguno. Un aura de oscurantismo que se ve acrecentada por el hecho de que, salvo Caro, ninguno diera explicaciones a los medios que les esperaban en la sala de prensa de la Audiencia Provincial.

En medio de este descontrol, que todos asumieron con normalidad, los seis testigos de ayer se sorprendieron de lo lucrativo que les resultaba acudir a esas reuniones. La decisión de celebrar tres sesiones seguidas se tomó en la primera reunión, sin que los presentes (al menos en sus declaraciones) se dieran cuenta de que así triplicarían sus emolumentos. Esto se desprende del testimonio de Catalán, a quien «le sorprendió el importe de la cantidad que se había girado, porque no se había percatado de que se estaba abonando una dieta por cada una de las sesiones».

A Caro también le llamó la atención la cuantía (de hasta 5.151 euros por una mañana de reunión), pero aseguró a la juez que venía «prevenido». Según explicó, «todo el mundo sabía que las dietas de Caja Navarra eran cuantiosas y sustanciosas» y por ello no lo comentó con su compañero Jiménez. Cabe recordar aquí que la JEF no estuvo vigente ni dos años, pero cada uno de sus miembros se embolsó 34.340 en una decena de reuniones, la mayoría de ellas sin preparación previa y donde no se tomaban acuerdos.

Uno de los testimonios más interesantes de ayer fue el de Javier Caballero (exvicepresidente con Miguel Sanz y exconsejero de Interior). Junto con Iribas, fue de los pocos que se enteró de que Barcina, Miranda y Sanz, acudían a más reuniones que ellos en la CAN. A Caballero «le consta que comentaban en ocasiones que tenían `caja', que tampoco era todos los días». Aseguró que no se lo ocultaban. El parlamentario defendió con firmeza la utilidad de la JEF y quiso aclarar a la juez que él «no se ha sentido como un florero» y que hubo debates intensos. Unas discusiones que, sin embargo, nunca se recogieron en las actas que tiene el juzgado.

Iribas también escuchó, a tenor de lo declarado, que Barcina acudía a la caja a reuniones que nunca concretó. El acta de su testimonio recoge que «en alguna ocasión, la alcaldesa le comentó que tenían Caja y, al preguntar el declarante por ello, le contestaba `ah no, que tú no estás ahí'». A pesar de ello, el teniente de alcalde de Barcina sostiene que nunca supo que la Permanente se estaba reuniendo a espaldas de la JEF.

Salvo Caro e Iribas, todos los testigos habían formado parte de los consejos de CAN antes de aterrizar en la Junta de Entidades Fundadoras. Algunos se agarraron a esto para justificar sus fallos de memoria. Esta experiencia no les sirvió para darse cuenta de que las «sesiones de reporte» que se mencionaron en la primera reunión de la JEF hacían referencia a la Permanente, según aseguraron el secretario general de CAN y el expresidente Sanz. Ninguno le dio importancia y ninguno creyó que, de esa expresión, pudiera nacer un organismo nuevo donde se gastaron más de 100.000 euros de los ahorradores navarros y, mucho menos, que estuviera reservado a las tres personas que hoy siguen imputadas y a Barcina, que vive al margen de estos avatares gracias al blindaje que le otorga la Presidencia.

Mientras tanto, los testigos se marcharon del juzgado bajo apercibimiento de que incurrirán en delito si no acuden a declarar a la vista oral.