Mientras el comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, László Ándor, proponía ayer la implantación de un nuevo «contrato único abierto» en el Estado español para combatir el empleo «excesivamente protegido» que establecen los contratos indefinidos frente a los tempo- rales, el semanario alemán «Der Spiegel» publicaba un informe secreto elaborado por el Ejecutivo de Angela Merkel en el que estima «esencial» acometer nuevas reformas del mercado laboral, que considera «rígido». Dos nuevos ejemplos que apuntan a lo que está por venir, a saber, una contrarreforma laboral más dura. Y ello un año después de la aprobación de la agresiva reforma laboral de Rajoy que, además de cambiar las reglas de juego en las relaciones trabajador-empresa plasmadas antes en unos convenios laborales hoy heridos de muerte y al borde de la extinción, ha agudizado una fase marcada por la exasperante falta de trabajo y ha sumido a un número récord de ciudadanos en un pozo de paro que parece no tener fondo.

Doble o nada, si no se quiere taza, taza y media. En estas nuevas «recomendaciones» no hay torpezas ni errores, sino razón pura. Rescatar bancos, reducir el gasto público, privatizar los bienes colectivos, socializar las pérdidas privadas, alargar la edad de jubilación y, como ahora se propone, una flexibilización más radical del despido, una precarización total del trabajo, un ataque sin precedentes a los salarios... brinda enormes beneficios a un grupo relativamente reducido de personas que son, casualmente, las mismas que definen las políticas a implementar. No son otra cosa que nuevos mandamientos de una religión que pretende hacer del interés y la confianza empresarial el elemento determinan- te del nivel de empleo y de bonanza económica.

Frente a esto, ahora más que nunca, la defensa del empleo demanda que los trabajadores y trabajadoras, sea en empleos convencionales, sea fuera de la órbita de los mercados, se conviertan en protagonistas y dueños de su destino como asalariados y como ciudadanos.