Salhaketa denunció ayer que, en la documentación remitida al Congreso de Madrid, el Gobierno español «omite datos muy importantes» sobre las muertes acaecidas durante el último año en la prisión de Zaballa. Según explicó el representante de la asociación solidaria, César Manzanos, en la información aportada por el Gabinete del PP «no se dice porqué no se informa de estas muertes en el momento de producirse, ni se dice que eran personas jóvenes, ni si sus patologías habían sido debidamente tratadas, ni si fue correcta y ágil la intervención antes de producirse la muerte, ni porqué se presume que no hubo irregularidades, ni porqué se archivaron las diligencias».

En una rueda de prensa, Manzanos, que aprovechó la comparecencia para presentar un informe en el que se recogen las condiciones «infrahumanas de confinamiento» que se dan en los penales de Zaballa y Langraiz, recordó que durante los últimos doce meses cuatro personas han fallecido por motivos «no naturales» en la marcrocárcel alavesa.

En el informe, los responsables de Salhaketa destacan «la sistemática política de ocultismo de estas muertes. Ahora ya ni se notifican pasados unos días ni aparecen en los medios de comunicación. Se ocultan y no se hacen públicas como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que están acabando con la vida de cientos de presos en el seno de unas instituciones públicas con la que mantienen una relación de sujeción especial».

Peores condiciones

En cuanto a las condiciones de vida de los presos sociales en las prisiones de Araba, Gixane Moragues señaló que los integrantes de Salhaketa han decidido publicar este informe, el tercero sobre Zaballa, porque la situación de los presos y las presas sociales ha empeorado en el nuevo penal. En este sentido, Manzanos criticó que los módulos ordinarios funcionan como microcárceles y denunció la férrea vigilancia a la que son sometidas las personas. También denunció las malas condiciones de la enfermería y la situación de las mujeres.