La Fiscalía de Milán ha pedido una pena de seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargo público contra Silvio Berlusconi por el caso Ruby, en el que está acusado de abuso de poder y prostitución de menores. La fiscal Ilda Boccassini demanda «una pena base de cinco años» al considerar que Berlusconi, entonces primer ministro, utilizó su posición para hacer liberar a joven Ruby detenida en Milán por un hurto y «el agravamiento de un año» por haber pagado las prestaciones sexuales de esta menor. Boccassini añadió a su petición una «prohibición de ejercer toda función pública» contra el expresidente del Consejo, exdiputado y senador desde las elecciones de febrero.

La fiscal dijo que a las fiestas de la mansión de Berlusconi en Arcore se invitó a chicas «que formaban parte de un sistema de prostitución organizado para la satisfacción del placer sexual» del político. «No hay duda de que Karima mantuvo sexo con el imputado y que recibió beneficios a cambio», afirmó en referencia a `Ruby'. Berlusconi no tardó en reaccionar calificando de «conjeturas, distorsiones, mentiras inspiradas por los prejuicios y el odio, contra la evidencia, más allá de la imaginación y el ridículo» «Todo está consentido bajo el escudo de una toga. ¡Pobre Italia!», añadió.

Los miembros de su partido, el PdL, también se mostraron «indignados» ante «un ataque a la democracia» y «una voluntad de eliminar a Berlusconi». La defensa responderá el 3 de junio y el veredicto se espera como muy tarde para el 24 de junio

Problemas para Letta

Los problemas legales de Berlusconi, condenado la semana pasada a un año de cárcel por evasión fiscal en el juicio Mediaset, han causado un gran revuelo en el gobierno Enrico Letta, quien, durante un retiro celebrado en la Toscana para reforzar la cohesión del Gobierno, juzgó «inaceptable» la participación de algunos de sus ministros en una manifestación el sábado en Brescia para apoyar a Berlusconi y denunciar el poder judicial «politizado».

Por otra parte, en esta reunión, Letta formuló las que serán las prioridades de su Ejecutivo para los primeros cien días de mandato -empleo, relanzamiento del sector de la construcción, medidas fiscales y la reforma de la política-.

Además, los ministros acordaron mantenerse alejados de las polémicas y los medios hasta después de las elecciones locales de finales de mes.