Hay trabajos inútiles. Hay trabajos que, lejos de dignificar, pervierten a las personas que los realizan. Hay muchos, demasiados, trabajos prescindibles porque no aportan nada, porque son insostenibles o porque solo son posibles gracias a la explotación de otras personas. Y también hay trabajos imprescindibles, pero que no dejan huella. Son los trabajos invisibles, aquellos que no vemos a pesar de que se realicen delante de nuestros ojos, a pesar de que sean fundamentales para garantizar las necesidades de nuestras vidas. Su máximo exponente es el trabajo de cuidados.

El trabajo de cuidar la vida es invisible porque no genera prestaciones sociales, tan invisible que siempre está penalizado en términos de condiciones salariales y laborales, invisible porque está oculto dentro de los hogares, invisible porque ni siquiera merece el nombre de trabajo, invisible por el nulo reconocimiento otorgado como una tarea esencial para sostener la vida, invisible porque lo realizan las mujeres. Así, se da por hecho que na- die debe protegerlos, financiarlos o reivindicarlos porque el cuidado de las personas no es un derecho, no es una responsabilidad colectiva y porque, de todas formas, y gracias a las mujeres, siempre van a estar ahí, infinitamente inflexibles, sumamente precarios pero en una cantidad suficiente para que nuestras vidas continúen.

La injusta organización social de los cuidados, privatizada en los hogares, en manos del trabajo precario y no remunerado de las mujeres y con una protección ínfima de la administración pública casi nunca salta al terreno del debate público y, cuando lo hace, es porque los cuidados faltan y porque las mujeres no hacen todo lo que se espera de ellas. La discusión, en definitiva, se realiza en términos de culpabilización de las mujeres y nunca desde una óptica de derechos. ¿Son los cuidados recibidos suficientes en cantidad y calidad para todas las personas o solo para unas pocas personas, las que puedan pagarlos, y a costa de la precariedad de una mayoría de mujeres? Estas preguntas no ocupan la agenda ni la preocupación de la mayoría de los partidos políticos valedores de un modelo que hace aguas y que requiere de la subordinación y explotación de las mujeres para subsistir.

Excepcionalmente, el menosprecio de esta realidad, permanentemente invisibilizada, ha salido a la luz a través del conflicto desatado entre el Departamento de Política Social de la Diputación de Gipuzkoa y Adegi. A diferencia del resto de administraciones, la Diputación de Gipuz- koa ha dado el paso de defender una mejora de las condiciones laborales para el sector, partiendo de que la responsabilidad de cuidar la vida es una responsabilidad colectiva y no solo un nuevo nicho de negocio para las empresas privadas. En esta ocasión, los derechos de las personas cuidadoras, relegadas al olvido y a una lucha desigual dentro de los muros de una empresa privada, son parte de la preocupación de una institución pública. Así, el conflicto entre Diputación y patronal es un enfrentamiento contra la avaricia de las empresas, interesadas en primar sus beneficios a costa de las condiciones laborales de las trabajadoras y la calidad de los servicios de los cuidados. Pero, sobre todo, supone también la reivindicación de la responsabilidad pública en la cobertura de los cuidados frente a la extensión impune de la lógica privada en el cuidado de la vida de la ciudadanía. Un paso en la necesaria apuesta por situar el mantenimiento de la vida y no los intereses del capital en el centro de las políticas públicas.

Así, en el trasfondo de este conflicto está la tensión sobre quién y cómo asume la responsabilidad de cuidar y cuál debe ser el papel de las instituciones públicas en la superación de un modelo, marcado por la creciente privatización de los servicios, y que en ningún caso garantiza el derecho al cuidado de todos y todas ni unas condiciones laborales dignas para el sector. Lo que está en juego son los derechos de todos y todas y el cuestionamiento de un modelo injusto y excluyente donde las empresas han hecho y deshecho con la plácida connivencia de la administración pública.

Por lo tanto, no nos equivoquemos, la lucha de las mujeres que hoy en Gipuzkoa han decidido estar en la calle defendiendo sus derechos supone todo un desafío al modelo actual, y esto duele a sus valedores, interesados en mantener los cuidados invisibles fuera de la intervención pública, lejos de los focos del debate público, allí donde el negocio y el lucro prevalecen sobre los derechos de todas las personas. La lucha de estas mujeres es también una lucha feminista, una lucha por unos cuidados dignos para todas las personas. Y su visibilización y defensa ¡nos concierne a todos y todas!